Zapatero presidirá la cumbre de la UE con la reforma laboral aprobada
Gobierno, patronal y sindicatos no lograron ayer acordar la reforma laboral. Los agentes sociales deberán esperar hasta el próximo miércoles para saber si Trabajo mantiene los 1.200 millones de presupuesto que ofreció antes del ajuste social. En cualquier caso, Zapatero aseguró que piensa aprobar la norma, pactada o no, el 16 de junio.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y los principales líderes de la patronal y los sindicatos se reunieron a última hora de ayer en el penúltimo intento por lograr pactar la reforma del mercado de trabajo. La cita se saldó, como de costumbre, sin el ansiado consenso. La principal novedad es que acudieron al encuentro con un calendario definitivo. "El Gobierno aprobará la reforma laboral el próximo 16 de junio en Consejo de Ministros, se produzca un acuerdo o no", aseguraba a mediodía el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. La elección de la fecha no es casual.
Acuciado por la fuerte inestabilidad de los mercados y por las reclamaciones de los mandatarios vecinos, Zapatero se garantiza con este calendario cierta comodidad en la silla presidencial del Consejo de la UE. Deberá ocuparla los días 17 y 18 del mes, por lo que encarará a sus interlocutores luciendo una flamante reforma laboral -consensuada o no- junto al drástico recorte del gasto social que ha promovido. Una situación bien diferente a la que afrontó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, cuando sus homólogos europeos le exigieron austeridad y reformas a comienzos de mayo.
Zapatero, que hizo estos anuncios aprovechando la rueda de prensa conjunta que daba con el primer ministro paquistaní, Yusuf Razá Guilani, adelantó también que la reforma afectará "a aspectos esenciales del mercado laboral" y que el Gobierno ya tiene avanzado un posible modelo. La noticia fue recibida con frialdad por los sindicatos, que opinan que la determinación del presidente "desincentiva" la negociación. Más acogida tuvo entre la patronal, donde están convencidos de que la voz de los organismos internacionales y la presión que se ejerce sobre la deuda soberana inclinarían un eventual decreto impuesto hacia sus posiciones.
En este escenario afrontaron los agentes sociales su cita con Corbacho. Pese a que éste se había comprometido con ellos a presentarles una nueva propuesta del Ejecutivo, ésta no llegará hasta el miércoles.
1.200 millones para bonificar
La gran demanda era que Trabajo pusiera sus cartas sobre una mesa de negociación en la que está apunto de romperse la baraja. Peligran, a estas alturas, hasta algunos de los puntos que mayor consenso reunían. Es el caso de la reordenación de las bonificaciones al empleo y del plan de conversión de trabajadores temporales en fijos. Antes de aprobar el recorte del gasto social, el Gobierno ofreció "hasta 1.200 millones de euros" para sustentar estas medidas, según revelan fuentes cercanas a la negociación. Está por ver si mantiene su oferta. Lo mismo ocurre con la posibilidad de utilizar los 3.600 millones euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cubrir el 40% de los costes del despido de las empresas. Esta especie de modelo austriaco "a la española" está en duda, debido a que el montante del Fogasa está invertido en deuda del Estado, y no es seguro que Trabajo esté dispuesto a tocarla ahora.
En un comunicado conjunto, los interlocutores señalaron que tras los "avances en algunas materias" -sin especificar cuales- de la cita, continuarán negociando. El difícil acuerdo sigue embarrado en el interminable debate de los costes del despido, y las posibilidades de pacto descansan ya en la cita del próximo miércoles día 9, la última programada.
¿Hay margen para la huelga general?
Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores anunciaron la pasada semana que si la reforma laboral es aprobada mediante un decreto del Gobierno que "lesione los derechos de los trabajadores" convocarán una huelga general. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que la medida será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo día 16, tenga o no la firma de los agentes sociales. Pese al estrecho margen que ofrece este nuevo calendario, desde las centrales consideran que hay espacio para organizar la movilización antes del verano. El impacto del paro general sería aún mayor así, teniendo en cuenta que coincidiría con la presidencia española de la Unión Europea. Los gabinetes jurídicos de ambos sindicatos empezaron a estudiarlo en cuanto el presidente hizo pública la fecha. Pese a todo, Zapatero se ha asegurado ya que la posible contestación sindical no llegue antes del Consejo Europeo, que tendrá lugar inmediatamente después de la aprobación, los días 17 y 18 de junio.Paralelamente, y a petición de UGT, los sindicatos europeos han convocado ya una gran movilización en Bruselas para el próximo 29 de septiembre en protesta por la política de recortes que la UE ha impartido por todo el continente.