Viernes, 10-07-2009 - Actualizado a las 10:45 h.
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Economía
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Beatriz Corredor, ministra de Vivienda . La titular del Ministerio de Vivienda, Beatriz Corredor. - EFE
El nuevo programa aboga por mantener la ayuda al inquilino, pero elude mencionar la del propietario
Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 17/09/2008
Diversos estudios han puesto de manifiesto que numerosos demandantes de vivienda han sido expulsados del mercado los últimos años por los altos precios de las casas y el endurecimiento del acceso al crédito. Por ello, el nuevo programa 2009-2012 revisará los tres principales rangos de ingresos que deberán cumplir las familias que quieran acceder a una vivienda de protección oficial (VPO), tanto en propiedad, como alquiler.
El salto más significativo se produce en la parte baja de la tabla. Así, desde hace al menos dos planes de vivienda completos, las familias con ingresos de hasta 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) tenían derecho a una VPO de régimen especial, que son las más baratas del mercado y las que tienen unas condiciones de financiación más ventajosas. En el borrador del plan 2009-2012, al que ha tenido acceso CincoDías, esa horquilla se amplía hasta cuatro veces el Iprem. Con las cifras de 2008, eso significa que los hogares más beneficiados por la política pública de vivienda serán aquellos con ingresos de hasta 24.811 euros anuales, cuando con el baremo anterior el tope estaría en apenas 15.500 euros.
El siguiente rango es para quienes perciban ingresos de hasta seis veces el Iprem (37.216 euros), que podrán adquirir o alquilar VPO de régimen general. El anterior límite estaba en 5,5 veces el Iprem. Por último, la vivienda de precio concertado podrá ser adjudicada con rentas de hasta siete veces el Iprem (43.419 euros), cuando hasta ahora estaba topado en 6,5 veces. Fuentes consultadas por este periódico consideran que es demasiado estrecho el margen entre el régimen general y el concertado (seis y siete veces el Iprem) y creen que el ministerio podía haber sido algo más ambicioso.
El futuro plan establece además como criterio general que las cuotas hipotecarias o rentas de alquiler que paguen los beneficiarios de VPO no excedan el 40% de sus ingresos mensuales, cuando los expertos recuerdan que lo aconsejado por la banca es el 30%.
En cuanto a ayudas directas, mantiene la otorgada para la entrada, la subvención a los inquilinos ya en vigor, que coexiste con la renta básica de emancipación, pero no menciona en ninguna de sus 20 páginas los 6.000 euros para los propietarios que alquilen un piso vacío. Esto hace pensar que este incentivo, de escaso éxito a nivel nacional, quedará relegado al ámbito autonómico. El equipo de Corredor apuesta por el alquiler con opción a compra, implantada en un principio por Madrid y denostada por el Gobierno central y se marca como objetivo que el 40% de las nuevas casas sean en régimen de arrendamiento. De manera prudente, el borrador no establece un objetivo de actuaciones anuales.
La rehabilitación es otra de las áreas que más atención recibe, aunque siempre referida a renovaciones integrales de barrios o conjuntos históricos. El plan no menciona las ayudas previstas para la mejora de la eficiencia energética de los pisos, anunciadas por Corredor. Todo apunta a que se sacarán de este plan, ya que dicha iniciativa supone desarrollar un viejo proyecto de Industria.
Las reuniones se suceden estos días entre los técnicos de Vivienda y los responsables autonómicos preparando la próxima cumbre multilateral que se celebrará el 25 de septiembre, antesala de la Conferencia Sectorial, de donde deberá salir el texto casi definitivo.
Una vez que el Gobierno ha decidido dar auxilio financiero a las promotoras a través del ICO y facilitar la conversión de su stock en VPO, la atención se centra en conocer cómo será el plan 2009-2012, ya que éste puede ser la tabla de salvación de muchas inmobiliarias. Fuentes de los distintos Gobiernos regionales consultados hablan de cierta decepción cuando han conocido las líneas maestras de dicho programa, ya que no hay ninguna iniciativa totalmente nueva. Además, califican el texto preliminar de 'confiscatorio, intervencionista y extremadamente controlador', al tiempo que acusan al Ministerio de injerencia en competencias de exclusividad autonómica. Estas fuentes aseguran que establecer en un mínimo de 30 años el plazo en el que una VPO no podrá ser descalificada es confiscatorio cuando algunas regiones ya habían fijado periodos inferiores. Recuerdan que el borrador determina que los precios máximos de venta de las VPO podrán ser pactados entre la comunidad y los ayuntamientos, cuando hasta ahora esto era competencia exclusiva de las regiones y critican que sea obligatorio que el beneficiario de una casa protegida deba estar inscrito en un registro de demandantes. Rechazan que Corredor pretenda fiscalizar todas las actuaciones realizadas, sean financiadas con fondos estatales o no.
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