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A la cuarta va la vencida. El Parlamento vasco, mediante el patrocinio del PNV, ha conseguido que el Congreso se comprometa a legislar para que sólo el máximo intérprete de la Constitución tenga la última palabra en España, en caso de recurso, sobre las normas fiscales vascas. Las circunstancias han favorecido que, en esta ocasión, el PSOE se sume entusiasta a lo que se ha dado en llamar el blindaje del Concierto económico porque era la condición que le había impuesto el PNV para apoyar los Presupuestos estatales del año que viene. Esta ha sido también la coartada para que el PP vote en contra y desautorice a esta misma formación en el País Vasco, en un momento en que el primer partido de la oposición no pasa por sus mejores momentos, abrasado por el caso Gürtel.

La argumentación con la que el PNV ha acompañado la defensa del blindaje de las normas fiscales vascas es bastante contundente. No tiene lógica, afirman los nacionalistas vascos, que la normativa ligada al IRPF, al impuesto de sociedades o al impuesto de sucesiones, quede al albur de que cualquier ciudadano, sindicato o asociación empresarial la recurra, sea o no de la comunidad autónoma en la que se va a aplicar. Y en este contexto, han esgrimido el caso de Navarra, donde los recursos contra la normativa fiscal, como en el resto de las leyes, se canalizan ante el Tribunal Constitucional, al margen de la jurisdicción ordinaria, siempre por quien está legitimado para hacerlo.

Los nacionalistas vascos se quejan también de que comunidades autónomas como La Rioja o Castilla y León utilicen el Concierto económico para obtener rentabilidad electoral, mientras ocultan que las instituciones vascas no pueden recurrir su legislación fiscal ya que las comunidades no están legitimadas para dar este paso contra las leyes de las regiones vecinas.

La decisión del Congreso de tomar en consideración esta iniciativa que le traslada el Parlamento vasco llega sólo un mes después de que la justicia europea fallara de nuevo contra las denominadas vacaciones fiscales vascas, pues constituyen ayudas de Estado y, por lo tanto, no caben en el marco comunitario. Se trata de las ayudas tributarias que el Gobierno de Vitoria concedió a las nuevas empresas que se establecieron en esta comunidad en la década de los noventa. Al final, se salió con la suya la Comisión Europea, que hace ocho años anuló estas ayudas y desestimó los recursos presentados por las tres diputaciones forales en compañía de la patronal Confebask. Consistieron en una exención del Impuesto sobre Sociedades durante la primera década de vida de la empresa, créditos fiscales a la inversión del 45% y reducciones en la base imponible de ese tributo durante cinco años. La sentencia afectó a tres centenares de empresas y fue contestada por la administración vasca esgrimiendo que la mayor parte de estas ayudas ya habían sido devueltas, quince años después de haber sido concedidas.

Si, finalmente, llega a buen puerto el deseo del Parlamento vasco, la puerta al recurso a la Justicia europea de Estrasburgo también quedará abierta, razón por la cual el PNV y el resto de las fuerzas políticas vascas se resisten a hablar de blindaje del Concierto. Sería, ni más ni menos, el camino más recto para reconocer la competencia de las instituciones forales para legislar en materia tributaria, una práctica que, por otra parte, forma parte del núcleo intangible de la foralidad protegido por la jurisprudencia constitucional.

Si a todo ello le sumamos que facilita que el PNV no se suba al monte, pues sea bienvenido.