Trinidad Jiménez mira a América Latina

Trinidad Jiménez (Málaga, 1962), la apuesta fallida de José Luis Rodríguez Zapatero para optar a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sustituirá a Miguel Ángel Moratinos al frente del Ministerio de Exteriores. Se puede interpretar como un premio a Jiménez, que siempre ha aceptado las diversas y complicadas hojas de ruta que le ha marcado Zapatero. Aunque su nombramiento también implica reforzar las relaciones con América Latina, zona que Jiménez conoce perfectamente. De hecho, el cargo de ministra de Exteriores se adecúa más a su currículum que el de Sanidad, puesto que ocupaba desde abril de 2009. Jiménez, licenciada en Derecho, ha residido en Israel, Camerún o Guinea Ecuatorial, donde ejerció de profesora de Derecho Político.

Además fue responsable de relaciones políticas con América en la Secretaría de Relaciones Internacionales del PSOE y en 2006 ocupó el cargo de secretaria de Estado para Iberoamérica. En este sentido, la trayectoria política de Jiménez ha estado muy ligada a América Latina, una de las zonas económicas más importantes para España.

Las grandes empresas españolas -Telefónica, Santander, BBVA o Repsol, entre otras- cuentan con fuertes intereses allí. Con todo, la inversión española en América Latina cayó un 68% en 2009 respecto al año anterior.

Aumentan las exportaciones

A pesar del descenso de la inversión, los intercambios comerciales entre América Latina y España se han incrementado en lo que va de año y alcanzaron los 14.170 millones de euros. Entre enero y agosto, las exportaciones crecieron un 28,8% respecto al mismo periodo del año anterior, y las importaciones avanzaron a un ritmo del 27,9%. La balanza comercial es favorable a América Latina gracias al peso de las importaciones de materias primas. En cualquier caso, un 5,2% de los productos españoles que se venden en el exterior terminan en el mercado latinoamericano.

Por otra parte, el debut de Jiménez en la UE girará en torno a Cuba, donde España defenderá el próximo lunes modificar la posición común que desde 1996 mantienen los Veintisiete respecto a Cuba y que condiciona las relaciones con la isla a los avances democráticos. Todo apunta a que la posición de España no contará con el respaldo de la mayoría de Estados miembros.