Trabajo se guiará por el Supremo para facilitar el despido de 20 días

El furor mediático que se ha generado en torno al debate de la reforma laboral ha llevado a algunos, sustentados en las protestas sindicales, a hablar del abaratamiento del despido a un coste de 20 días de salario. Sin embargo, esta indemnización está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores desde 1980. Lo que el Gobierno estudia incluir en el decreto que aprobará el 16 de junio -si no hay pacto con los agentes sociales- es facilitar su uso.

Creado para beneficiar a las empresas afectadas por problemas económicos que lo justifiquen, el despido de 20 días se utiliza de forma marginal. Un contrato indefinido puede ser extinguido por la empresa mediante el despido objetivo (20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades) "cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas", reza el Estatuto. æpermil;stas causas son cuatro: "económicas, técnicas, organizativas y productivas". Cualquier empresa que atraviese complicaciones de una de estas categorías puede acometer despidos objetivos. Desde la patronal se vienen quejando, no obstante, de que el coste puede ascender a 45 o 33 días -según el contrato- si el trabajador les lleva a juicio y el despido es considerado improcedente. Así, sólo una de cada seis sentencias sobre despidos da la razón al empresario, lo que éstos achacan al excesivo blindaje del empleado, y los sindicatos a que muchas extinciones de contrato no están justificadas.

Sea como sea, la incertidumbre o la falta de causas justificadas ha llevado a los empresarios a optar en un 80% de los casos por el denominado despido exprés. Aprobado en 2002 por el Gobierno de José María Aznar, esta modalidad permite al contratante extinguir inmediatamente su relación con el trabajador admitiendo que realiza un despido disciplinario improcedente, indemnizado con 45 días por año trabajado sea cual sea el contrato indefinido del empleado. Es el abuso de esta práctica el que ha generado la idea de que el coste del despido en España es de 45 días.

Para solucionar este dilema, el Gobierno ha puesto los ojos ahora en la jurisprudencia generada en los últimos años. "El Tribunal Supremo ha forjado una doctrina que condiciona el papel del juez en las sentencias sobre despidos", explica el ex secretario general de Empleo Valeriano Gómez. "Según el Supremo, el juez no debe entrar a valorar las alternativas que tiene la empresa al despido, por ejemplo, sino simplemente si las causas económicas que le llevan a despedir están suficientemente acreditadas".

Dar la seguridad jurídica a los empresarios de que si pueden justificar documentalmente una crisis económica podrán acogerse al modelo de despido barato, podría ayudar a quien lo necesite a reducir costes.

CC OO prepara la huelga

Según los expertos la idea que barajan en el Ministerio de Trabajo ni siquiera exige una modificación del Estatuto, sino que se trata de vincular los futuros procesos judiciales a la jurisprudencia del Supremo. "Esto es como si alguien pretendiera descubrir la rueda. En la normativa laboral ya existe el despido por causas objetivas, de 20 días", resumía el viernes el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. Pese a que la cifra de 20 días pueda sonar más escandalosa, lo que les preocupa a las centrales es que la tutela judicial se vea mermada, o que se rebaje a 33 días el despido exprés en los contratos de fomento.

En medio de esta polémica, la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró el viernes que no habrá un "documento definitivo" mientras dure la negociación (que continuará el miércoles). Pese a ello, y "en vista de alguno de los contenidos que se van conociendo de la reforma laboral" que vendría impuesta, CC OO advierte que "prepara ya la huelga general".