Trabajo estudia mejorar las ayudas destinadas a los parados

La reunión mantenida ayer por la recién nombrada vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se saldó con el compromiso de ambos de impulsar el diálogo social. Salgado, que en su toma de posesión afirmó que 'sus primeros esfuerzos' estarían enfocados a crear empleo, deberá decidir también qué hacer con quiénes no lo tienen. Sobre la mesa de Corbacho, que lleva meses insinuando la necesidad de mejorar las prestaciones por desempleo, se analizan todas las opciones posibles. El Gobierno teme engrosar el número de personas en riesgo de exclusión social, pero el elevado gasto público que se derivaría de cada una de estas reformas hará que Salgado tenga mucho que decir.

La más costosa de las alternativas es probablemente la de mejorar la prestación contributiva de los parados. æpermil;sta, que reciben aquellos desempleados que han cotizado al menos un año, supuso un coste total de 2.181 millones de euros, sólo en el mes de marzo. Fuentes ministeriales aseguran que Corbacho se plantea ampliar el plazo máximo -actualmente de dos años- que los parados tienen derecho a recibir la prestación.

Los 19.000 millones de euros presupuestados por el Gobierno para cubrir el desempleo en 2009 y los 10.000 millones extras que ya han reconocido que necesitarán, no bastarían para cubrir el coste total de la protección contributiva si ésta se mantiene al ritmo de marzo durante todo el año. Mientras tanto, crece el paro y los sindicatos reclaman atención para el millón de personas que no recibe ningún tipo de prestación.

La modificación del subsidio por desempleo, que se percibe tras agotar el derecho contributivo, es otra posibilidad. El periodo máximo de cobertura de esta ayuda podría ser más amplio que el actual -entre 18 y 30 meses-. También se baraja una reducción de los criterios necesarios para recibir esta protección. Los jóvenes y los inmigrantes son dos de los colectivos que más beneficiados resultarían, ya que ahora se dirige principalmente a los parados mayores de 45 años y a los que tienen cargas familiares.

Trabajo intentará lograr, además, una mayor implicación de las comunidades autónomas en la atención a los desempleados. Estas medidas podrían ser articuladas de forma transitoria, a modo de parche ante la crisis. Desde el Ministerio insisten en que todas las opciones son posibles y que, siempre a expensas de la financiación, la solución podría pasar por una combinación de varias de las anteriores.

El propio José Luis Rodríguez Zapatero ha manifestado en repetidas ocasiones su compromiso con las políticas sociales enfocadas a los colectivos más desfavorecidos por la crisis. Sin embargo, una reforma de estas características, cualquiera que sea la fórmula elegida, implicaría cambios legales que el Gobierno tendría que lograr en el Congreso. Una batalla para la que deberá contar con firmes aliados, dada su débil situación en la Cámara, y que difícilmente conseguirá con un proyecto que dispararía aún más el gasto público.

Impulsar el diálogo social

Sin una agenda cerrada sobre cuáles de estas modificaciones se terminarán aplicando, Trabajo y Economía se centraron ayer en intentar relanzar el estancado diálogo social. El comunicado conjunto que salió de la primera reunión entre Salgado y Corbacho sostiene que se trata de una 'herramienta fundamental' para salir de la crisis.

Ambos ministros planean sentarse esta semana con patronal y sindicatos con el objetivo de diseñar medidas consensuadas para crear empleo. Corbacho ya señaló hace días que confiaba en que la negociación resulte más fructífera una vez han concluido el proceso electoral de la CEOE, que ratificó la presidencia de Gerardo Díaz Ferrán, y el Congreso de UGT, que reeligió a Cándido Méndez como secretario general. Salgado, por su parte, anunció que pedirá a los agentes sociales 'algo más que diálogo'.