Martes, 07-07-2009 - Actualizado a las 2:46 h.
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El desacuerdo en detalles de la ley pone en peligro la unidad del sistema
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R. Pascual - Madrid - 20/04/2007
El Consejo Territorial de Dependencia volvió ayer a ser escenario de enfrentamiento entre el ministerio de Trabajo y las comunidades gobernadas por los socialistas, por un lado, y el resto de las regiones, por otro. El motivo fue la discusión sobre la financiación que tendrán que aportar el Estado y las comunidades para garantizar un nivel mínimo de protección a las personas que sean calificadas como 'grandes dependientes'.
La propuesta hecha ayer por Trabajo -y que recibió el visto bueno del Consejo Territorial gracias a la mayoría de las comunidades socialistas- establece una aportación de las administraciones de 1.014 euros por cada gran dependiente (el Estado aportará 507 euros y cada comunidad los 507 restantes). De la parte que financiará el Estado, sólo repartirá 250 euros por dependiente a todas las comunidades por igual y los 257 euros restantes son un promedio que deberá negociarse bilateralmente con cada región en función de sus necesidades, por lo que unas cobrarán más que otras.
Para los grandes dependientes de nivel dos, la cifra total será de 774 euros por persona al mes.
En la reunión de ayer la mayoría de los representantes autonómicos, incluidos los de algunas comunidades socialistas como la de Castilla-La Mancha, calificaron la propuesta de Trabajo como insuficiente. Así, los representantes de Navarra o Madrid, cifraron en 1.800 el coste mensual de una plaza residencial en estas comunidades; mientras que en Castilla-La Mancha es de 1.450 euros y en Aragón, de 1.250 euros. Si bien, luego, los socialistas votaron a favor, con lo que la propuesta irá ahora al Consejo de Estado y luego será aprobada por el Consejo de Ministros.
Previamente, el Gobierno aprobará hoy mismo en su reunión ministerial el sistema de baremos para evaluar a los dependientes, que se publicará después en el Boletín Oficial del Estado. Con ello, las comunidades podrán empezar las evaluaciones la próxima semana y se pondrá en marcha el sistema.
No obstante, aún queda por negociar con las comunidades cuatro cuestiones esenciales de la aplicación de la norma: las condiciones de acceso a las prestaciones; los criterios de copago de la prestación por parte del usuario; la intensidad de los servicios; y los criterios de acreditación de las empresas que prestarán los servicios. Si las regiones no llegan a un consenso en estos asuntos, la ley prevé que cada comunidad ejerza sus competencias y legisle como quiera, lo que pondría en riesgo la unidad del sistema, al dar lugar a 17 posibles sistemas de aplicación diferentes.
La comunidades tendrán la competencia para acreditar los centros y servicios que se encargarán de atender a los dependientes. Pero la ley indica que deberán de fijarse criterios comunes para todas las regiones. Esto es lo que demandó con insistencia ayer el secretario general de CC OO, José María Fidalgo, quien consideró que esta unidad de criterios será la garantía de igualdad en la prestación de servicios en las distintas regiones. Dicho esto, esta negociación se presenta dura dado 'lo celosas que son las comunidades con sus competencias', recordó Fidalgo.
CC OO presentó ayer un libro que explica las actuales diferencias regionales a la hora de acreditar las empresas del sector y hace una propuesta de lo que debería exigírseles ahora.
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