El TDC de Madrid expedienta al Colegio de Procuradores
Investiga si su sistema de cuotas variables restringe el ejercicio profesional.
El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de Madrid mantiene abierto un expediente sancionador contra el Colegio de Procuradores madrileño por la posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia en su sistema de financiación, concretamente en el sistema de cuotas variables que el colegio cobra a sus colegiados. El acuerdo de incoación del expediente fue adoptado el pasado mes de enero, posteriormente se paralizó por la interposición de una propuesta de terminación convencional por parte de la organización colegial -que fue rechazada- y ha sido reanudado hace tan solo unos días.
El expediente fue iniciado a raíz de una denuncia presentada por el procurador Miguel Torres Álvarez, al que se sumaron más tarde otros profesionales de la procura de Madrid. En ella se alude a las denominadas cuotas variables que el colegio exige a sus colegiados cada vez que se personan en un procedimiento y cuyo importe puede ser de 10, 2, 100 y 10 euros, siempre que se paguen de forma voluntaria.
En caso de no abonarse en el plazo previsto, el colegio establece un recargo del 300% (30, 12, 300 y 30 euros). Según datos del sector, las cantidades a abonar por los profesionales pueden superar los 11.000 euros al año.
La denuncia argumenta que las cuotas variables no responden a la verdadera capacidad económica de los obligados, pues el colegio no tiene en cuenta los costes asociados a la actividad profesional. Así -sostiene- "el sistema obliga al pago antes incluso de que los clientes hayan satisfecho sus honorarios y aunque la actuación profesional no genere rentas" (la denominada jura de cuentas fallida). Según los denunciantes, ello significa que el colegio exige unas cantidades sin que el procurador tenga la capacidad económica que la organización colegial presume, lo que provoca una "restricción injustificada del ejercicio de la profesión". Además -argumenta la denuncia- provoca que los procuradores con mayor renta profesional contribuyan menos al colegio, sin ningún criterio de justicia material, lo que supone una "restricción injustificada a la libre competencia entre profesionales".
Los denunciantes alegan también que las contribuciones colegiales son utilizadas "para actividades que no son necesarias para el ejercicio", no son solicitadas por todos los colegiados ni interesan ni benefician a todos ellos, sino solo a algunos profesionales.
El colegio confía en el resultado
Desde el Colegio de Procuradores de Madrid se expresaba ayer una confianza plena en la legalidad de sistema de financiación del colegio.Según el decano de la organización colegial, Antonio Álvarez-Buylla, el colegio "está colaborando plenamente con la aportación de los datos que se le han requerido y con el cumplimiento de los plazos de forma absolutamente transparente". Para el decano de los procuradores madrileños, las cuotas variables "cumplen perfectamente con la Ley de Colegios Profesionales, la Ley âmnibus y la Ley de Defensa de la Competencia". Álvarez-Buylla explicó que el colegio defiende la corrección de su régimen bonificado de cuotas "porque su pago es proporcional a los servicios que se prestan a los procuradores".El decano reiteró la absoluta defensa por parte del colegio madrileño de la legislación de competencia y su convencimiento de que todas las resoluciones y acuerdos colegiales cumplen con ella.