Sólo el 20% de las solicitudes de dependencia han sido valoradas

La Ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero, es una de las apuestas más fuertes de la actual legislatura. Con ella, el Gobierno pretende fijar el cuarto pilar del sistema de bienestar del país, al que va a destinar, según el Ministerio de Trabajo, 'al menos' el 1% del producto interior bruto y va a generar cerca de medio millón de puestos de trabajo.

Sin embargo, la ejecución está siendo más lenta de lo esperado. A pesar de que el número de solicitudes llega casi a las 200.000, las valoraciones sobre el nivel de dependencia de cada afectado queda muy lejos de ser alentadora: sólo el 20% han sido valorados. Aunque hay regiones que ya han comenzado a dar prestaciones, se prevé que la mayoría no empiecen a hacerlo hasta este mes. Melilla, por ejemplo, ha anunciado que lo hará en octubre. Los dependientes de Aragón, sin embargo, tendrán que esperar a 2008, según estimaciones de Servicios Sociales de Aragón.

Navarra, la única región que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley, va más allá de los plazos fijados. Además de los grandes dependientes, el gobierno foral (con una financiación propia de 20 millones) ha incluido en 2007 a los dependientes severos, que según la ley deberán recibir prestaciones en 2008. Da ayudas desde el 1 de enero y las cuantías económicas van de un mínimo de 365 euros a un máximo de 746. Además es la región que más porcentaje de valoraciones lleva: un 53,5%.

En el lado opuesto está Baleares que sólo lleva un 6,8% de las solicitudes valoradas. El motivo que esgrimen desde el gobierno insular es que anteriormente al cambio de gobierno (que pasó de las manos populares a las socialistas tras el 27M) no se había realizado ningún avance en la ley. 'Nos hemos tenido que poner las pilas y en sólo un mes llevamos 440 evaluaciones' justifica un portavoz del gobierno balear.

Andalucía, la que más dependientes tiene, es, por el contrario, una de las comunidades que más está tardando en aplicar la ley. Su consejera de bienestar avisó hace unos días de que hasta septiembre 'las valoraciones no se empezarán a hacer al 100%', además desde la consejería de Bienestar aún no facilitan datos sobre el número de valoraciones que llevan realizadas.

Andalucía y Cataluña, las comunidades que más solicitudes han recibido, son las que más fondos van a obtener del Estado para dar ayudas a los grandes dependientes (36 y 32 millones respectivamente). Para hacer el reparto de los 400 millones destinados por el Estado central en 2007 se ha tenido en cuenta factores como el número de personas mayores y personas con discapacidad por región o la estimación de grandes dependientes.

La falta de normativa por parte de las autonomías que deben promulgar decretos que desarrollen la ley es un escollo para el funcionamiento de la misma. Mientras Aragón o Cantabria, el gobierno de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, no ha aprobado ninguna norma sobre el procedimiento para aplicar la ley, según un informe de UGT. Esto retrasa que se implante el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que, con un presupuesto previsto de 25.000 millones de euros a nueve años, persigue ayudar por cuatro vías: contratación de un servicio privado o público, compensación por los cuidados en el entorno familiar, prestación de asistencia personalizada y a través de beneficios fiscales para quienes contraten un seguro privado.

Los fondos con los que se financiarán estos servicios ha sido (y continuará siendo en septiembre) un tema clave en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2008. Esquerra Republicana y el Partido Popular propusieron en el último Debate sobre el Estado de la Nación que el Gobierno creara un fondo extraordinario de 1.000 millones de euros para complementar las partidas destinadas a este fin. Por su parte, el eje PSOE-IU-BNG planteó una resolución por la que se compromete al Ejecutivo a que en 2008 se aumente como mínimo un 25% lo presupuestado para la ley de este año.