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La propuesta de reforma de financiación que presentó el pasado jueves el ministro de Economía, Pedro Solbes, se ganó el rechazo de la mayoría de comunidades. Sin embargo, las bases del nuevo modelo han sido ideadas por el Gobierno con la suficiente ambigüedad para que puedan ser aceptadas por todas las autonomías.

Así, la propuesta incluye la nivelación parcial -que implica limitar la solidaridad interterritorial- y prevé aumentar el porcentaje de cesión en IVA, IRPF e impuestos especiales, tal y como pide Cataluña. Contempla repartir los recursos en función de la población actual -y no como sucede ahora con la de 1999-, principal reclamo de Madrid, de la Comunidad Valenciana o de Murcia, que calcula que actualizar el censo debe traducirse en 1.400 millones más de financiación.

Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene que aparte de la población, otras variables como la dispersión territorial pesarán en el modelo, tal y como exigen Castilla y León, Asturias o Galicia. Y, además, Solbes asegura -algo que no había hecho hasta ahora- que incrementará el dinero del sistema autonómico, aunque no especifica la cuantía.

Con esta propuesta encima de la mesa, las comunidades autónomas podrán trasladar a Solbes sus exigencias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará mañana. Cataluña -la comunidad que con más ahínco pide la reforma- ha respondido airada a la propuesta del Gobierno. Sus motivos de enfado son dos. Faltan tres semanas para el 9 de agosto, fecha límite que establece el Estatuto catalán para alcanzar un acuerdo, y el Gobierno sólo ha presentado un documento que la Generalitat considera 'vago e impreciso'.

Por otra parte, si bien es cierto que el Gobierno acepta limitar la solidaridad interterritorial a los servicios fundamentales, aún no los ha especificado. De momento, ha añadido la justicia a los servicios que Cataluña había propuesto como básicos, que son la sanidad, la educación y los servicios sociales. La Generalitat defiende que la solidaridad alcance para cubrir entre el 65% y el 75% de los gastos de las comunidades y teme que el Gobierno aumente ese porcentaje, lo que para Cataluña supone alejarse del modelo, inspirado en el alemán, que han propuesto.

Sin embargo, por ahora, todo son suposiciones ya que la propuesta de Solbes rehúye toda concreción. 'La música no es aceptable, ya veremos si la letra', dijo el presidente de la Generalitat, José Montilla, quien aseguró en el Parlamento catalán que estaba dispuesto a crearle 'problemas' a Zapatero. La sensación de Montilla es compartida por la mayoría de comunidades autónomas, que esperaban un documento más concreto.

El Ministerio de Economía, tras reunirse por separado con todas las comunidades, simplemente dibujó las líneas del campo de juego con el objetivo de alcanzar un acuerdo 'de bases' antes del verano. Y, en otoño, se empezará a hablar de números.

El anuncio de Solbes de poner más dinero en el sistema autonómico puede ser la moneda de cambio para posibilitar el acuerdo. El Gobierno promete que ninguna comunidad 'perderá' con el nuevo modelo de financiación. En otras palabras, todas recibirán más dinero.

Sin embargo, Solbes prometió recursos adicionales 'en función de las disponibilidades presupuestarias', que hoy por hoy parecen escasas ya que es probable que la Administración central incurra en déficit por primera vez en tres años. Aunque en Economía aseguran que tienen capacidad para inyectar más dinero en el sistema autonómico.

El posible aumento de recursos se hará en función de la población de cada comunidad, lo que ya ha levantado las protestas de las comunidades menos pobladas, como Asturias. 'No aceptaremos que ningún aumento de recursos adicionales se haga sólo por la población', dice, tajante, el consejero de Hacienda, Jaime Rabanal. Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura se han unido para pedir que el nuevo sistema siga teniendo en cuenta el mayor coste que supone prestar servicios en territorios menos densos.

Frentes comunes

A pesar de que se han formado alianzas entre comunidades, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, duda de que en la reunión de mañana se escenifiquen frentes comunes entre las llamadas comunidades ricas -aquellas que menos precisan del fondo de suficiencia- y las pobres.

Cataluña, tras la publicación la semana pasada de las balanzas fiscales, trató, sin conseguirlo, de fraguar una alianza con las comunidades con mayor déficit fiscal en su relación con el Estado (Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana). Aun así, la negociación sólo acaba de empezar y, como ya se ha visto, la financiación autonómica es de los pocos debates que permiten cerrar pactos estratégicos entre comunidades de distinto color político, ya sean del PP, del PSOE o nacionalistas. Poderoso caballero es Don Dinero.