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Indemnización de 30 a 20 días

Portugal debate una reforma para abaratar el despido inspirada en la española

El Gobierno portugués debate con los agentes sociales la necesidad de abaratar el despido a través de una reducción de la indemnización de 30 a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 meses, tal y como ocurre en España desde la entrada en vigor de su nueva reforma laboral.

El Ejecutivo socialista de José Sócrates pretende reformar el mercado de trabajo y fomentar la competitividad del país, cuya maltrecha situación financiera lo ha colocado bajo la presión de los mercados internacionales, que continúan penalizando con un interés cercano al 7% su deuda soberana.

Patronales y sindicatos negocian desde esta semana con el Ejecutivo luso la nueva propuesta gubernamental, que también incluye la creación de un fondo financiado por los empresarios para garantizar el pago de las indemnizaciones.

La propuesta ya cuenta con el apoyo, al menos parcialmente, de la Confederación Industrial de Portugal (CIP) y del sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT).

Sin embargo, despierta muchas dudas en el resto de organizaciones patronales y en la central mayoritaria, la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), de orientación comunista.

Actualmente, en Portugal se pagan 30 días por año de actividad laboral en caso de despido colectivo, por desaparición del puesto de trabajo o por inadaptación.

De aprobarse esta medida, la indemnización se reduciría a 20 días con un techo máximo -hasta ahora no lo había- de 12 meses.

La idea es compensar a los trabajadores por esta pérdida asegurando al cien por cien el pago de la indemnización, para lo que se plantea crear un fondo financiado únicamente por los empresarios a través de una contribución todavía por decidir.

La ministra de Trabajo lusa, Helena André, justificó esta medida ante la existencia de empresas que "frecuentemente" no cumplan con sus obligaciones "a la hora de despedir a sus trabajadores".

La idea del Gobierno luso es fijar las indemnizaciones en base únicamente al salario fijo, sin tener en cuenta el variable, al contrario que en España, lo que afectaría a sectores como el del comercio, la banca o los seguros, donde una parte significativa de la retribución depende de los objetivos o las comisiones.

La ministra de Trabajo reconoció a principios de semana que el Ejecutivo estudió el caso español antes de presentar un plan a la mesa de negociación social, ante "la necesidad de alinear" su legislación laboral con la del país vecino y el resto de Europa.

Sin embargo, esta decisión de mirar a España fue criticada por el líder de UGT, Joao Proenca, quien recordó que los sueldos en Portugal son sensiblemente inferiores.

Según informa hoy la prensa lusa, la reforma del Ejecutivo socialista suscita el rechazo de las patronales del Comercio y el Turismo, favorables a rebajar las compensaciones por despido, pero contrarias a la creación del fondo de garantía al considerar que las compañías carecen de margen de maniobra para afrontar ese gasto.

Tampoco convence la propuesta al sindicato CGTP, que la cree lesiva para los derechos de los trabajadores, protegidos por una Constitución que se redactó en el periodo pos-revolucionario al 25 de abril de 1974 y que puso el acento en velar por los derechos laborales.

La meta del Ejecutivo es aprobar la reforma antes de abril, aunque previamente tendrá que pasar con éxito por el Parlamento, donde los socialista gobiernan en minoría, y ser sancionada por el presidente de la República, el conservador y recientemente reelegido Aníbal Cavaco Silva.

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