La Patronal CEOE critica el estatuto del autónomo

El Gobierno cerró el miércoles pasado el proceso de consultas con empresarios y sindicatos para la elaboración de la Ley del estatuto del trabajador autónomo. A diferencia del resto de mesas del diálogo social, en la constituida para redactar este proyecto, el Ministerio de Trabajo no ha negociado con empresarios y sindicatos sino que les ha 'consultado'. La negociación, esta vez, sólo se ha producido con las organizaciones de autónomos.

El resultado de las consultas con los interlocutores sociales no ha dejado a todos contentos ni mucho menos. La patronal CEOE y la central sindical Comisiones Obreras (CC OO) ven muchas pegas al documento presentado por Trabajo.

Para empezar, ambas organizaciones coinciden en que no era necesario regular la actividad del colectivo de autónomos más allá de lo existente. Esto no es compartido por UGT, donde consideran que 'había que regularlo porque la realidad está ahí', indican fuentes de esta central.

Sin embargo, en un documento elaborado por CEOE, los empresarios critican que la elaboración de esta ley surja 'más en los ámbitos de la necesidad política o administrativa que en el marco de la necesidad económica, social o empresarial de los operadores económicos'.

En esta misma línea, en CC OO aseguran: 'no vemos la necesidad de hacer una regulación como esta, la decisión ha estado en el ámbito de la política, no de la economía'. Esto es cierto ya que el origen de esta legislación está en una petición parlamentaria respaldada por siete grupos.

Dicho esto, los motivos por los que estas organizaciones rechazan el texto son muy diferentes. Una de las principales críticas de CC OO se refiere a la creación de la nueva figura del autónomo dependiente (aquel cuyos ingresos dependen, al menos en un 75%, de un sólo cliente). 'Esto abre la puerta a que los empresarios saquen asalariados de sus plantillas y los obliguen a ser autónomos dependientes, con menor protección. Es dar barra libre para crear una figura que hasta ahora perseguíamos', dicen en CC OO.

Los empresarios, por su parte, harán todo lo que esté en su mano para impedir que sean los tribunales de los social, los que diriman los conflictos entre los autónomos dependientes y sus clientes. En su lugar proponen que 'las discrepancias derivadas de los contratos individuales o profesionales, y en general lo derivado en la ley, se resolverán por la jurisdicción civil o mercantil'; mientras que aquellas diferencias derivadas de la normativa de prevención de riesgos, Seguridad Social o afiliación sindical, sí deberían dirimirse por la vía de lo social.

Los sindicatos, las asociaciones de autónomos y el propio Gobierno son partidarios de derivar las discrepancias de los autónomos dependientes a los tribunales de lo social, por lo que, en principio, el texto que el Ejecutivo mandará al Parlamento -previsiblemente el ocho de septiembre- no satisfará a los empresarios.

Los empresarios consideran que, en general, el texto 'debería ser más explícito y más preciso en calificar como civil, mercantil o administrativa la naturaleza de las relaciones jurídicas derivadas de la actividad profesional de todos los trabajadores autónomos'. Asimismo creen que es 'rechazable' el establecimiento del derecho a una prestación por cese de actividad -como incluye el borrador de la ley-, 'sin conocer previamente sus elementos esenciales definitorios ni su viabilidad financiera y de gestión'. En este punto, los sindicatos sólo han dejado claro que dicha prestación debe quedar fuera de la Seguridad Social.