El PSOE retira sus enmiendas contra la reforma de la Ley de Morosidad

El portavoz de Comercio del PSOE, Félix Larrosa, hizo este anuncio durante la reunión de la Ponencia legislativa sobre esta iniciativa, cuya tramitación avaló el Pleno del Congreso, que plantea fijar unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.

Los socialistas presentaron inicialmente un paquete de enmiendas en el que pedían modificar el texto de CiU suprimiendo la eliminación de todos los artículos, limiten a "instar" al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad, en el marco de la futura Ley de Economía Sostenible.

Aunque el PSOE mantiene esta idea, el portavoz parlamentario de la federación catalana, Josep Antoni Duran i Lleida, celebró el "cambio radical" del PSOE al levantar esas enmiendas para abrir un proceso de negociación "que va por el camino correcto", si bien precisó que no se ha llegado a acuerdos concretos. "No estamos en un principio de acuerdo, en todo caso, en vigilias del acuerdo", incidió.

Cambios en los contratos públicos

En declaraciones a Europa Press, Larrosa explicó que en "dos o tres días" se planteará un paquete de propuestas de enmiendas transaccionales a CiU "en la línea" de las propuesta presentadas por el Gobierno en el marco de las negociaciones del Palacio de Zurbano y la futura Directiva europea sobre morosidad.

El diputado socialista señaló que la intención del PSOE es conseguir una línea "aplicable, contundente y comprensible", estableciendo un "sistema de garantías" mediante mecanismos de transparencia y de control de la morosidad en el sector público y privado.

Así, se refirió a la posibilidad de incorporar auditorias sobre morosidad en las empresas, dentro de la información que éstas remiten al Registro Mercantil, así como establecer que se informe periódicamente del nivel de cumplimiento de las Administraciones Públicas, así como fomentar códigos de buenas prácticas.

Otra propuesta sería establecer las especificaciones sobre el pago a proveedores similares a las que se incluyeron en los pliegos de contratación de los proyectos acogidos al Fondo de Inversión Local como "cláusula fija" en los contratos fijos de las Administraciones a partir de ahora.

Creatividad sobre los pactos entre partes

Uno de los principales escollos para el pacto era la petición de CiU de eliminar la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, ya que el Gobierno quería restringir esta posibilidad al ámbito de las pequeñas empresas, mientras que la federación catalana insiste en que se aplique con carácter general.

En este sentido, Larrosa explicó que el PSOE sigue trabajando para ofrecer un acuerdo sobre este asunto a CiU, a la que pidió que "trabajar con puntos de vista creativos" en los temas de mediación y arbitraje en los problemas entre empresas y administraciones y sus proveedores.

En cualquier caso, y de cara al debate definitivo para enviar la ley al Senado, fijado para el próximo 23 de marzo, CiU espera contar con los apoyos del resto de grupos de la oposición, en particular PP y PNV, tras largas negociaciones encabezadas por su portavoz económico, Josep Sánchez Llibre.

En estos momentos, la postura expresada por Larrosa, es la de "avanzar" hacia un acuerdo con CiU que permita "compaginar" el trámite "en paralelo" de esta iniciativa con la elaboración de la nueva Directiva Europea de Morosidad, que prevé que se apruebe antes del verano, igual que la reforma de la Ley de Morosidad, y a la que pidió que se mire "de reojo" en la negociación.