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El Ejecutivo anunció en septiembre la creación de una nueva deducción por arrendamiento de vivienda del 10,05% en la cuota estatal del IRPF sobre un importe máximo de 9.015 euros anuales para todos aquellos ciudadanos con una renta inferior a los 24.000 euros netos anuales (28.0000 euros brutos).

En cambio, la enmienda socialista introducida ahora divide la deducción en dos tramos de renta, de tal manera que los inquilinos con una base imponible igual o inferior a 12.000 euros anuales, podrán aplicarse la deducción máxima del 10% sobre 9.015 euros, mientras que los que superen esta renta disfrutarán de una desgravación menor.

En concreto, cuando la base imponible esté comprendida entre 12.000 y 24.020 euros anuales, el importe máximo deducible será 9.015 euros menos el resultado de multiplicar por 0,75 la diferencia entre los ingresos del inquilino y 12.000 euros anuales. De esta forma, los contribuyentes que, por ejemplo, perciban unos ingresos de 18.000 euros anuales, sólo podrán deducirse el 10% de un máximo de 4.515 euros.

A pesar de que el Gobierno aseguró entonces que la nueva deducción por alquiler era “idéntica” a la existente por compra, el cambio introducido por el PSOE limita esta desgravación en función de la renta del beneficiario, decreciendo a partir de un determinado nivel de base imponible, algo que no sucede en el caso de la deducción por compra, que se aplica con independencia del nivel de renta.

Evitar "efectos inflacionistas"

Esta modulación de la desgravación por alquiler, según afirma el PSOE en su enmienda, favorece a los colectivos con menores rentas y evita “efectos inflacionistas” que podrían generarse con una deducción de carácter general.

Además, el Grupo Parlamentario Socialista asegura que la alzas sostenidas en los precios de la vivienda de la última década han dificultado “enormemente” el acceso de muchos ciudadanos al disfrute de una vivienda y los poderes públicos han fomentado hasta el momento, casi de forma exclusiva, el acceso a la propiedad, “dejando fuera” a aquéllos que no tienen recursos suficientes para comprar.

“Esto ha generado una asimetría o desequilibrio entre las distintas formas de acceso al disfrute de una vivienda que tiene efectos distorsionadores, tanto para la libertad de elección de los ciudadanos en su acceso a la vivienda como para el funcionamiento de los mercados”, añade el PSOE.