PSOE y PNV pactan que la caída de ingresos sea causa de despido
Como si de un tiovivo se tratara, las causas objetivas para el despido colectivo cambiaron ayer de referencia debido a un pacto de última hora entre el PSOE y el PNV, el único atajo que encontró el Gobierno para sacar con fórceps del Congreso la reforma laboral y enviarla al Senado. Los beneficios y la liquidez ya no contarán como causas para la extinción de contratos, sí en cambio la existencia de pérdidas "actuales o previstas" o la "disminución persistente del nivel de ingresos".
Todos los grupos de la oposición criticaron las prisas con las que el Gobierno pretende dar carpetazo a la reforma laboral, presumiblemente para separar en el tiempo su aprobación definitiva de la huelga convocada por los sindicatos para el 29 de septiembre. Estas prisas se tradujeron al final en una tramitación parlamentaria caótica que llegó a situar ayer la reforma al borde del abismo. CiU y PNV salvaron con su abstención al Gobierno de una derrota que probablemente hubiera tenido una lectura perjudicial en los mercados. Al final, el dictamen salió aprobado sólo con los votos del PSOE. PP y el Grupo Mixto votaron en contra.
Para salvar la reforma, aunque fuera con fórceps, el PSOE tejió ayer un pacto de muy última hora con los nacionalistas vascos y catalanes una vez que comprobó que había nula posibilidad de pacto con el PP y con la izquierda parlamentaria. El acuerdo con el PNV incluyó una nueva redacción al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. El decreto ya en vigor condiciona los despidos colectivos por causas objetivas a la "situación económica negativa" de la empresa, dejando por tanto un alto grado de discrecionalidad a los jueces. La ponencia delimitó el martes este concepto incorporando como causas para este tipo de despido "la existencia de pérdidas, la disminución relevante de beneficios o la falta persistente de liquidez". Era un texto que no agradó en realidad a nadie, ni siquiera a un PSOE cada vez más presionado por los sindicatos, pero que hubiera prosperado de haber habido una mayoría parlamentaria suficiente.
El Gobierno no la consiguió y forjó un pacto de última hora ayer mismo, en el trámite de comisión, con el portavoz del PNV Emilio Olabarria. La enmienda pactada, cuya redacción deja mucho que desear, recoge que "se entiende que concurren causas económicas para el despido cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a la viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". A estos efectos, agrega la enmienda, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y "justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado".
Los diputados del PP José Ignacio Echániz y Fátima Báñez interpretaron que esta nueva redacción facilitará el despido de los trabajadores. En cambio, el PSOE y el PNV opinan lo contrario. Hay un denominador común: todos reconocen que es un texto ambiguo que seguirá dando un enorme grado de discrecionalidad a los jueces.
Tres circunstancias han operado para que el PSOE haya aceptado cambiar las referencias para el despido colectivo: la presión de UGT y Comisiones Obreras, la falta de una mayoría clara para sacar adelante la reforma y, por último, su firme propósito de dejarla cerrada en agosto.
Más cambios
Prestaciones. El Gobierno tomará medidas para aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas de empleo.
Consultas. Los cambios en la organización del trabajo estarán sometidos a negociación. Las empresas sin comités crearán comisiones de tres miembros para representar a los trabajadores.
Discriminación. Serán nulas las cláusulas de los convenios colectivos que conduzcan a discriminación en materia salarial o jornada laboral.
CiU logra penalizar el absentismo reiterado
Las ventajas que la geometría variable ofrece al Gobierno es que no llega a morder el polvo, pero para ello tiene que compensar a los grupos minoritarios con contraprestaciones claras. Una de ellas la obtuvo ayer CiU al conseguir que se facilite el despido individual motivado por absentismo laboral. El Gobierno, presionado por los sindicatos, pretendía condicionar este tipo de despido a que la empresa acreditara un absentismo colectivo superior al 5% durante un año. Pues bien, este porcentaje quedó ayer rebajado al 2,5% de la plantilla. De esta forma, se facilita el despido individual de todos aquellos trabajadores que hayan faltado al trabajo el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un año, fuera de las excepciones lógicas que recoge la ley. Entre ellas figuran las ausencias motivadas por la participación en una huelga legal, por maternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia, paternidad o accidente.El PSOE también aceptó ayer que los inspectores de la Seguridad Social tengan un mayor control sobre los procesos de incapacidad temporal. De esta forma, podrán emitir un alta médica y serán los únicos competentes, a través de sus propios servicios médicos, para emitir una nueva baja en el supuesto de que no transcurran más de 180 días entre ambas. El objeto que los grupos persiguen con esta iniciativa es "evitar una prolongación innecesaria de las bajas médicas".Por otra parte, el PSOE y el PNV lograron también la eliminación de la ayuda no contributiva de 425 euros mensuales a los autónomos en paro que consiguió colar CiU en el proyecto. El PNV defendió en este caso los intereses de las mutuas, responsables de financiar esta prestación.