El PP quiere renunciar por ley a recibir dinero de constructoras
El PP ha dado un giro en sus posiciones iniciales sobre la reforma de la ley de financiación de partidos y ahora está dispuesto a renunciar a las donaciones anónimas y también a recibir dinero de las constructoras y promotoras inmobiliarias.
Este giro se refleja en las enmiendas presentadas por el PP en el Congreso, donde fija en un máximo de 90.000 euros anuales las aportaciones que podría hacer una persona o empresa a cualquier formación política. Esquerra Republicana, promotora de la proposición de ley que servirá de base a la reforma de la financiación de los partidos, propone establecer este límite en 30.000 euros, cantidad que no ha sido enmendada por el PSOE, quien tiene como portavoz en esta ley al diputado Francisco Fernández Marugán. CiU defiende elevar esta cantidad a 100.000 euros.
La novedad consiste en que el PP está dispuesto a renunciar a las donaciones anónimas, paso que no dio en 1998, en el anterior intento de reforma de la ley vigente, por culpa de las reservas de CiU y PNV, las formaciones que más ingresos perciben a través de esta vía. Ambas colaboraban entonces con el Gobierno de José María Aznar.
En la actualidad, el principal partido de la oposición sólo ingresa por donaciones anónimas alrededor del 5%, afirma el diputado Jaime Ignacio del Burgo, quien confirma también el propósito del PP de renunciar a las aportaciones que provengan de promotoras y constructoras. Así lo hace constar en unas de sus enmiendas. Las empresas que contraten con las administraciones públicas tampoco podrán contribuir a las finanzas de las fuerzas políticas, algo en lo que están de acuerdo todos los grupos parlamentarios.
Las aportaciones de empresas tendrán un límite entre 30.000 y 90.000 euros
El PP quiere forzar también el debate sobre la condonación de deuda a los partidos, de forma que tal posibilidad quede totalmente prohibida en la nueva ley, salvando el límite de los 90.000 euros que propone fijar para las aportaciones de empresas y particulares.
'Todos estos años en los que no ha sido posible reformar la ley hemos centrado la atención sobre la prohibición o no de las donaciones anónimas cuando tiene más importancia la condonaciones de deuda', afirma Del Burgo.
El Tribunal de Cuentas ejercerá mayor control
Los grupos parlamentarios defienden en sus enmiendas la necesidad de reforzar el papel del Tribunal de Cuentas en el control de las finanzas de los partidos y también de endurecer las sanciones cuando estos incumplan la ley. El PSOE es partidario de que las multas por recibir donaciones ilegales doblen la cuantía de las aportaciones recibidas.En sus informes periódicos sobre la financiación de los partidos, el Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades que, hasta el momento, no se han visto reparadas con una reforma de la ley de 1987. Entre estas irregularidades contables figuran ingresos anónimos que escapan al control de la fiscalización del Estado, falta de anotaciones de ingresos procedentes de las subvenciones públicas y deficientes técnicas contables.Los flecos del caso Filesa hicieron inviable la reforma de la ley y ni siquiera los ecos de otros escándalos en el extranjero como el de Flick en Alemania o el de la petrolera Elf en Francia motivaron a las fuerzas políticas a cambiar la ley.De salir adelante la prohibición de las donaciones anónimas, unos partidos saldrán más perjudicados que otros en sus finanzas. Unió Democrática de Cataluña, según los últimos informes del Tribunal de Cuentas, ingresa cinco veces más dinero mediante esta vía que a través de las cuotas de sus socios.El PNV también figura entre los más favorecidos por este tipo de donaciones opacas. Tiene contabilizados ingresos de más de 20 millones de euros entre los años 1992 y 2003, cinco menos que CiU.En este mismo periodo, el PSOE obtuvo por estas donaciones cuatro millones. A la vista de los datos del Tribunal de Cuentas, la formación menos perjudicada sería Izquierda Unida, pues apenas obtiene dinero por esta modalidad.