El PER deja en Andalucía casi 200 millones al año en infraestructuras

El anuncio de una reforma que terminará eliminando el sistema agrario de protección con el argumento de que desincentiva la búsqueda de empleo y genera fraude ha sido una bomba en Andalucía.

La Plataforma en Defensa del PER está integrada desde hace un año por las ocho diputaciones andaluzas (una de ellas, la de Almería, gobernada por el PP); la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), UGT y CC OO; las patronales agrarias Asaja, UPA y COAG, y los partidos PSOE, IU y Partido Andalucista. El PP, por su parte, insiste en que no está en juego la protección social de los temporeros y culpa al presidente Manuel Chaves de utilizar el 'discurso del miedo'.

Los sindicatos, arropados por fuerzas como IU, ya han iniciado una gran movilización que arrancó el Primero de Mayo, y Chaves prepara una reforma alternativa, pactada con las centrales, bajo la premisa de que los cambios que ultima el PP son 'inviables'. Los sindicatos discuten la tesis del Gobierno argumentando que el Ministerio de Trabajo dispone de estudios que demuestran que el nivel de fraude en el sistema agrario no supera el 5%.

Los defensores, sin embargo, están dispuestos a aceptar mejoras si se introducen por consenso. Incluso Asaja y COAG, sin dejar de reclamar una adaptación, ponen el acento en la necesidad de que se mantengan las inversiones públicas para corregir el déficit de infraestructuras que todavía persiste en el campo.

Para los empresarios del campo, además, el traspaso de los temporeros al régimen general, como pretende el Gobierno, supondría un sobrecoste por peonada del 15%.

Elemento de corrección

El sistema de protección del campo andaluz y extremeño, que nació en 1984 para corregir el peso de las grandes propiedades y el elevado número de temporeros de estas dos comunidades, no sólo ha venido aportando subsidios para 232.000 de los 600.000 trabajadores eventuales de estas zonas. A través de los fondos que Gobierno y Junta han destinado a obras en los municipios (el denominado PER o Aepsa), el medio rural andaluz ha modernizado sus infraestructuras.

Con este dinero, cuyo grueso procede del Inem, se han ejecutado obras como polígonos industriales; centros de empresas; infraestructuras agrarias, como caminos rurales o acequias, y actuaciones de turismo rural y medio ambiente. Desde 1995, cuando el sistema ya vivió una primera adaptación, los fondos se orientaron preferentemente a crear infraestructura que pudiera favorecer el empleo estable en las zonas rurales.

Los fondos del PER se distribuye en las mesas provinciales y regionales, por orden del Inem, entre los municipios con criterios como población, parados agrícolas o pobreza de la zona. Así, la asignación procedente del Inem, a la que se suma otra partida del 35% de la Junta, oscila entre 600.000 euros que puede recibir æpermil;cija (Sevilla), uno de los pueblos que con 38.000 habitantes más dinero capta, o los escasos 6.000 euros de una localidad del área metropolitana de las capitales andaluzas, donde no existen apenas desempleados agrícolas. Con este dinero, los ayuntamientos diseñan obras e infraestructuras públicas en las que se emplean a trabajadores eventuales por periodos que oscilan entre los 10 y 15 días. Estas peonadas se pueden agregar a otras hasta alcanzar las 35 mínimas para cobrar el subsidio.

Uno de los logros que más destacan Junta, patronal agraria y sindicatos es que este conjunto de medidas (subsidios y PER) han evitado la desertización del medio rural. 'Han dignificado la vida en los pueblos y asentado la población', reconoce el presidente de Asaja-Andalucía y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier Ciézar. En este sentido, los municipios rurales andaluces han crecido un 18,8% en población desde 1981, mientras que un gran número de municipios agrícolas de Castilla y León o Aragón han sido víctimas del éxodo rural.

Además del elevado número de temporeros, el PER y los subsidios se justifican en Andalucía por unas campañas agrícolas caracterizadas por su rígida estacionalidad. Ciézar recuerda que la temporada alta se inicia a finales de diciembre con la recogida de la aceituna, sigue con la recolección de fresa, los productos de invernadero, la campaña de cítricos y la fruta tropical. 'A finales de junio o comienzos de julio se entra ya en temporada baja, que se prolonga hasta diciembre'. Por eso coexisten el paro, la 'falta de mano de obra y el empleo de inmigrantes', apunta.

La patronal agraria, no obstante, estima que ha llegado el momento de reformar el sistema, en el sentido de desvincular el Aepsa de los trabajadores del régimen especial agrario 'y ampliarlo a todos los empleados de todos los sectores del medio rural', además de definir y planificar la agricultura y poner en marcha planes de formación para jóvenes.

Reforma

La mecanización e incorporación de nuevas técnicas ha permitido que la producción final agrícola haya crecido un 58,6% de 1990 a 2000, pero en la última década la población ocupada ha disminuido un 16%. Esta circunstancia obedece también, según Ciézar, a que 'hay un elevado número de personas mayores que no está ahora en condiciones físicas de trabajar en el campo (...) A esa población hay que darle respuestas, no puede ser maltratada'.

Los sindicatos también están abiertos a una reforma, pero sin que se dañen los fines y los logros del PER y los subsidios. Manuel Pastrana y Julio Ruiz, líderes de UGT y CC OO en Andalucía, respectivamente, aseguran que el sistema se ha ido modulando desde sus orígenes y que ahora, por ejemplo, se pueden ir traspasando del régimen agrario al general a aquellos temporeros que por sus peculiaridades pueden llegar a acumular las peonadas suficientes.

'Lo que no se puede proceder es a una voladura del sistema', señala Pastrana. A su juicio, lo más grave es que la reforma que se plantea se base en la 'presunción de culpabilidad de los trabajadores'.