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La Comisión Europea ha expedientado a España por aprobar el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) sin realizar un estudio sobre su impacto medioambiental. El pasado 21 de marzo, Bruselas concedió a España dos meses para justificar la ausencia de ese estudio.

Si las razones que esgrima el Gobierno no convencen al comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, Bruselas podría exigir la paralización del PEIT hasta que se realice un análisis detallado de sus consecuencias para el medio ambiente.

Mientras el conflicto no se resuelva, los proyectos del PEIT no podrán beneficiarse de fondos comunitarios ni de préstamos del Banco Europeo de Inversiones.

El expediente comunitario responde a una denuncia contra el Plan presentada en 2005 por WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. Estas asociaciones ecologistas calculan que el PEIT afectará a dos centenares de espacios de la Red Natura 2000 (áreas especiales de conservación) y al 30% del área de distribución de las especies animales más amenazadas en España.

El Ministerio de Fomento presentó en enero de 2005 un informe sobre la 'sostenibilidad ambiental del PEIT', en línea con las exigencias de la directiva europea sobre evaluación ambiental estratégica. Pero el propio Ministerio reconoció entonces que 'no se trata de facto de un procedimiento de aplicación de la misma'.

'La única salida que va a tener el Gobierno es hacer un estudio global', asegura Francisco Segura, de Ecologistas en acción, 'porque las obras del PEIT no tienen sólo un impacto puntual sino también acumulado'.

Mayor inversión

El PEIT supone el mayor esfuerzo inversor en infraestructuras de la historia reciente, ya que prevé movilizar casi 250.000 millones de euros de 2005 a 2020. El 48,7% de ese gasto será absorbido por el ferrocarril, que es el modo de transporte estrella.