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Efe - Ginebra - 26/06/2007
Kothari visitó España el pasado noviembre a invitación del Gobierno y estudió los casos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Su objetivo era elaborar un informe con recomendaciones que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre, aunque hoy ha adelantado sus conclusiones preliminares.
"El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas", ha explicado Kothari, quien ha valorado la respuesta del Gobierno español y su compromiso a colaborar con su mandato.
Relacionado con la violencia doméstica
Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el "acceso a la educación, la alimentación o el vestido". En ese sentido, ha apuntado que la alta tasa de violencia doméstica que se registra en España, "de las más altas de Europa", está "directamente relacionada con el problema de accesibilidad". "Si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno y eso contribuiría enormemente a mejorar su situación", ha comentado.
Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) incluidos en su informe preliminar, sólo el 0,3% de la población española era vulnerable por impago de hipoteca en septiembre de 2006, aunque Kothari teme que "la situación no pueda sostenerse a largo plazo".
"En cuanto suban un mínimo los tipos de interés -ha apuntado-, las personas que no podrán hacer frente a su hipoteca aumentarán considerablemente", por lo que es fundamental que aumenten las viviendas de protección oficial de promoción privada en venta y en alquiler y que "se informe claramente a ciudadanos e inversores de que ese momento va a llegar".
Para Kothari, "la solución no pasa por incrementar el suelo edificable, porque el precio al que sale a la venta incluye las expectativas de revalorización, con lo que incluso para el sector público resulta difícil adquirirlo".
"Aburguesamiento"
Por ello, ha abogado por intervenir en el sector a través del control de la especulación, la ocupación de las viviendas vacías (el 15% del total) y la reducción de los precios de los inmuebles sociales, que "suelen ser demasiado elevados para la población de ingresos más bajos".
Además, a su juicio, "la promoción de viviendas está restringida a pocos actores, que se reparten ganancias astronómicas", así que habría que abrir el mercado a nuevos promotores, que se encarguen de dinamizar el mercado, especialmente para los jóvenes y en régimen de alquiler.
En ese sentido, recordó que sólo el 12% de las viviendas se alquilan, "uno de los porcentajes más bajos de Europa", y "prácticamente todas están en manos privadas, con sólo el 2% calificado como vivienda social, frente al entre 10 y 30% de otros países europeos".
Otro aspecto que preocupa al relator es "el aburguesamiento" de las ciudades, que lleva a la segregación, los desalojos y el empleo de violencia física y psicológica para forzar al abandono de los hogares, fenómeno conocido como "mobbing" sobre el que, en su opinión, hay escasa jurisprudencia.
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