Madrid recurre a los tribunales para cobrar mil millones del fondo de competitividad
El nuevo sistema de financiación que se aprobó en 2009 tiene lagunas en su redacción. Así, mientras el Gobierno interpreta que el fondo de competitividad correspondiente a 2011 puede abonarse cuando se liquide el sistema en 2013, las comunidades entienden que la ley obliga a que se pague en este ejercicio.
Al final, serán los jueces quienes decidan después de que la Comunidad de Madrid anunciara ayer que interpondrá un recurso contencioso-administrativo para reclamar a la Administración central los 1.000 millones que le corresponden en concepto de anticipos del fondo de competitividad, cuyo fin es compensar a los territorios con una financiación per cápita por debajo de la media. Argumentan desde la consejería de Economía que en 2009 y 2010, el Estado sí que ingresó los recursos del fondo de competitividad en el año en curso.
"Se trata de un incumplimiento grave", denunció ayer el vicepresidente regional, Ignacio González, que acusó al Gobierno central de "deslealtad". Desde el Ministerio de Economía y Hacienda indican que no plantean abonar los fondos. Y señalan que la legislación les permite pagar en el momento de liquidar el sistema de financiación, situación que siempre se produce dos años después del ejercicio de referencia. Así, los 1.000 millones que reclama Madrid se ingresarán en 2013, siempre y cuando un juez no decida lo contrario.
No hay marcha atrás
Además, en Hacienda argumentan que en los Presupuestos Generales del Estado para este año no se incluyeron las partidas del fondo de competitividad y no están dispuestos a modificar el capítulo de gastos, ya que ello pondría en peligró el cumplimiento del objetivo de déficit para este año. El Gobierno confía en cerrar el año con un saldo fiscal negativo del 6% del PIB.
En cualquier caso, todas las comunidades reclaman recibir ya los recursos. De hecho, Castilla-La Mancha, territorio que debe ingresar 400 millones por el fondo de competitividad y que está gobernada por el PSOE, se adelantó a Madrid y ya ha presentado una demanda judicial por el mismo motivo.
El Gobierno catalán también reclama cobrar ya el fondo de competitividad, por el que le corresponden 1.300 millones de euros. Sin embargo, de momento, rechaza la vía judicial y confía en su peso en el Congreso para forzar al Gobierno central a adelantar estos recursos autonómicos.
La posible ruptura del apoyo del PNV al Gobierno por la posible ilegalización de las candidaturas de Bildu obligaría el Ejecutivo a buscar el respaldo de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso. Y la formación catalana supedita cualquier apoyo al cobro del fondo de competitividad.