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Vivienda
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Madrid permitirá al comprador de VPO venderla a precio libre. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, junto a la consejera madrileña Ana Isabel Mariño. - Cinco Días
El Gobierno de Aguirre se arriesga a no recibir fondos estatales para financiar esas VPO
Firmas - Raquel Díaz Guijarro
Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 22/12/2008
Es una cuestión de principios o filosofía', explican en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Madrid. 'Nosotros pensamos que tal y como aparece regulado en el nuevo plan estatal, los compradores de VPO no tendrán derecho de propiedad, sino derecho de uso sobre la casa', añaden.
El texto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros establece que las VPO no podrán descalificarse ni venderse a precio libre en un plazo inferior a 30 años y permanecerán con dicha categoría durante toda la vida del inmueble si se edificaron sobre suelos protegidos.
En el caso de que se quiera vender una VPO antes de esos 30 años, deberá hacerse al precio máximo establecido por la región que corresponda y a uno de los demandantes inscritos en los registros públicos que deberán constituir las autonomías. Además, todas las ayudas públicas que se hayan percibido, tendrán que devolverse. Para las VPO construidas sobre suelos protegidos, esta exigencia permanecerá siempre. En la actualidad, en todas las regiones existen límites, aunque el plazo es muy inferior a esos 30 años y lo que ocurre es que las ventas suelen producirse de manera fraudulenta. Los vendedores de una VPO optan por no descalificar y aunque ofertan un precio tasado, suelen cobrar una cuantiosa plusvalía en dinero negro. Al endurecer la normativa, el ministerio que dirige Beatriz Corredor busca conseguir la creación de un parque estable de pisos protegidos, algo de lo que carece España.
La ministra defiende la medida 'como un principio de justicia y equidad que las viviendas que conllevan ayudas públicas y representan el esfuerzo solidario de toda la sociedad permanezcan el mayor tiempo posible al servicio de los colectivos más necesitados, lo que es plenamente coherente con la función social de la propiedad, tal y como la diseña nuestra Constitución'.
Sin embargo, la consejera Ana Isabel Mariño asegura que las nuevas trabas a la venta de VPO vulneran el derecho a la propiedad, lo que puede tener consecuencias 'tan importantes como que no esté claro quién puede heredar esa vivienda o dificultar la posibilidad de contratar una hipoteca inversa sobre esa casa'. 'Quizás otras regiones que no tienen mucho suelo protegido no vean demasiado problemática esta norma, pero en Madrid el 50% de los nuevos desarrollos son suelos protegidos, por lo que nos afecta de lleno', añade Mariño. Los responsables de la Comunidad de Madrid explican que intentarán convencer al ministerio para que introduzca algún tipo de excepcionalidad para la región, aunque admiten que es muy complicado. Además, advierten que existen más comunidades que en privado han mostrado su malestar por este aspecto del plan. El problema es que si no hay acercamiento de posturas, todas las casas que desarrolle Madrid que se puedan descalificar se arriesgan a no recibir ayudas estatales. El Gobierno de Aguirre replica que asumirán ese coste y que sean los ciudadanos quienes elijan.
Otro de los asuntos sobre el que discrepan el ministerio y la Comunidad de Madrid es el registro público de demandantes de VPO. El nuevo plan otorga a las regiones que aún no dispongan de este organismo (lo recomendaba el programa en vigor, pero casi ninguna autonomía lo ha puesto en marcha) el plazo de un año para tenerlo a pleno rendimiento. Madrid sostiene que si aún no están creados, es porque allí donde sí existen, no funcionan y rechaza que sean instrumentos claves para luchar contra el fraude en el acceso a una vivienda protegida, como defiende el departamento de Beatriz Corredor.
Algunas regiones, como País Vasco y Madrid, sostienen que más que dificultar las segundas y sucesivas transmisiones de viviendas protegidas, la única forma de controlar que no se producen engaños en todo el proceso de construcción y venta de la VPO es incrementar el número de inspecciones. La consejería vasca apuesta por hacer un seguimiento de las viviendas una vez que se entregan las llaves. Así, envía a inspectores a verificar que las casas se ocupan por sus titulares y no se alquilan a terceros porque de lo contrario, además de aplicar fuertes multas, las investigaciones pueden acabar, como ya lo han hecho en algunos casos, en la expropiación del inmueble.
Madrid, por su parte, dedica los mayores esfuerzos a vigilar los precios que aplican los promotores. En 2007 se tramitaron 368 denuncias por sobreprecio en VPO de nueva construcción y este año, hasta el pasado 30 de octubre, se han registrado otras 254 demandas. Gracias a las pesquisas, la consejería madrileña ha podido recuperar más de 1,7 millones de euros en los dos ejercicios, correspondientes a ayudas cobradas por promotores indebidamente. Otra de las infracciones más comunes es la realización de obras que amplían la superficie de las viviendas.
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