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Urbanismo

Luz verde a la 'operación Chamartín' tras más de siete años paralizada

Vista aérea de la actual estación de Chamartín
Vista aérea de la actual estación de ChamartínPablo Monge

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer el Plan Parcial de Prolongación de la Castellana, la denominada operación Chamartín que incluye la ampliación de este eje de la capital, el cierre de la M-30 y la construcción de 17.000 viviendas.

Este proyecto, que llevaba paralizado más de siete años, cuenta con una inversión de 11.000 millones de euros y está previsto que genere 20.000 puestos de trabajo durante los doce años que duren las obras.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, fue el encargado de anunciar el desbloqueo del macroproyecto, al que consideró "como uno de los más importantes de la actual legislatura". Una vez aprobado el plan parcial, éste tendrá que pasar el trámite de información pública, que se extenderá a lo largo de un mes.

Posteriormente, una vez que se introduzcan las modificaciones aprobadas durante la tramitación, el plan volverá a ser debatido en el pleno del Ayuntamiento durante el primer semestre de 2010. Si se cumple ese calendario, Gallardón señaló que los trabajos arrancarán en 2011 y culminarán en 12 años.

La prolongación de la Castellana se extenderá a lo largo de un ámbito de 312 hectáreas y acogerá una población, entre permanente y temporal, de 240.000 personas. Está previsto que unas 52.000 personas residan en la zona y otras 88.000 acudan a ella cada día para trabajar.

Para acoger este aumento de población, el proyecto contempla que el 47% de los edificios sean de uso terciario (primarán las oficinas, con 1,2 millones de metros cuadrados, y se habilitarán además 165.000 metros cuadrados de uso hostelero y otros tantos de comercial). El 50% restante del espacio se destinará a uso residencial. Está previsto que se construyan 17.000 viviendas, de las que 4.000 serán de protección pública.

Más VPO

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, calificó de insuficientes las 4.000 viviendas protegidas previstas en la operación Chamartín. A su juicio, al menos la mitad de las viviendas deberían tener la condición de protegidas y no en torno al 25%.

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