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Luxemburgo y Austria mantienen bloqueado el acuerdo de la Unión Europea sobre una nueva directiva para combatir el fraude fiscal en la Unión Europea. El Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) intentará mañana pactar el texto, pero esos dos países, los únicos de la UE en los que sigue vigente el secreto bancario, se resisten a aceptar una ley que debe aprobarse por unanimidad. Otros socios también plantean objeciones, aunque menores, basadas en la carga administrativa que puede acarrear la aplicación de la norma.

La directiva pretende imponer el intercambio automático de información entre las haciendas de los 27 países de la UE en relación con todos los rendimientos obtenidos por un contribuyente en el territorio comunitario. Supone, por tanto, la abolición a efectos fiscales del secreto bancario, porque ningún país podrá invocarlo para negarse a colaborar con otro Estado.

Una norma similar ya instauró esa transparencia para los rendimientos del ahorro. Entonces, Luxemburgo, Austria y Bélgica lograron una exclusión para preservar su secreto bancario (Bélgica ya ha anunciado que a partir del año que viene facilitará los datos previstos en la directiva del ahorro).

Ahora, según la propuesta presentada por el comisario europeo de Fiscalidad, László Kovacs, se quiere extender la colaboración a todos los rendimientos, incluidos los del trabajo, dividendos, plusvalías, inmobiliarios, de fondos de inversión o de pensiones y seguros de vida. Los ingresos obtenidos por esas vías en un país distinto al de residencia fiscal se comunicarán de manera automática a la Hacienda donde el contribuyente liquida su factura fiscal. Fuentes diplomáticas apuntan que las negociaciones para superar el veto de Luxemburgo y Austria podrían girar en torno al tipo de datos que se deben comunicar o a los plazos de la entrada en vigor de la ley.