Justicia y Educación pactan el acceso a la abogacía
La Aneca decidirá qué grado de Derecho puede hacer el máster
Los Ministerios de Justicia y Educación ya se han puesto de acuerdo para diseñar el reglamento de la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador, que previsiblemente apruebe el Consejo de Ministros este mes. El texto, que entrará en vigor el 30 de octubre de 2011, no afectará a los graduados o licenciados que se diplomen en este curso, sino a quienes terminen la carrera el próximo año, en 2012. A partir de entonces y para ejercer de abogado, todos los alumnos del grado de Derecho o similar deberán completar su formación con un máster teórico (60 ETCS)-práctico (30 ETCS) y pasar un examen. El nuevo proceso no afectará a los ya colegiados.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca), dependiente de Educación y que aprueba los títulos oficiales, será la institución que decida qué grado de Derecho da competencia para hacer el máster. El asunto generó mucha polémica porque podía llegar a interpretarse que cualquier grado podría seguir formándose para abogado, algo que el Consejo de Estado advirtió que debería corregirse. Así se ha puesto de manifiesto en los XXX Encuentros de Escuelas de Práctica Jurídica, celebrados ayer y hoy en Barcelona.
Entre las novedades caben destacar varios puntos. En primer lugar, la formación se impartirá a través de un convenio obligatorio entre universidades y escuelas de práctica jurídica de los colegios de abogados y no de otras escuelas vinculadas al ámbito privado o a fundaciones. El claustro de profesores estará formado entre un 40% y un 60% por docentes universitarios y abogados en ejercicio.
Los colegios cuentan con pocos meses para poner en marcha la formación
"Los cursos deberán acreditarse ante los Ministerios de Justicia y de Educación antes de ponerse en marcha y el procedimiento será distinto según se trate de un curso universitario o de una escuela", cita la norma. En el caso de los cursos de práctica jurídica, el Ministerio de Justicia tendrá que vigilar la relevancia del curso, las competencias, el calendario y la viabilidad del convenio, así como sus prácticas externas, asegura el decano del Colegio de Abogados de Madrid y responsable de formación del Consejo General de la Abogacía, Antonio Hernández-Gil. Después Justicia trasladará el convenio a Educación y de ahí a las comunidades, que tendrán 20 días para dar su opinión y pasarlo de nuevo a Justicia y Educación, que sellarán la garantía. Se contempla el silencio administrativo si tres meses ningún ministerio responde.
Los abogados están ahora con el agua al cuello para preparar todo este proceso. "Tenemos que correr ahora lo que no hemos andado en cinco años", aclara Hernández-Gil. En este sentido, los colegios, consejos, Ministerio de Justicia, universidades y comunidades han empezado a encender los motores para tener preparados los contenidos del examen. "El Ministerio de Justicia debería subir dos pruebas pilotos de examen en agosto", afirma el máximo responsable de formación del CGAE.
Otro de los escollos del reglamento, el reconocimiento del mérito en la formación del máster y el examen, no será excesivo. No habrá nota, sino que el alumno quedará apto o no para ejercer. En este último caso podrá repetir sin problema. "A efectos de cómputo, no obstante, la formación tendrá un peso del 20% para la superación de la prueba", dice el decano. El tribunal estará formado por siete personas: un representante del CGPJ, un abogado con cinco años de ejercicio, un procurador con la misma experiencia, un profesor universitario, un representante del Ministerio de Justicia y otro de Educación, además de un representante de las comunidades, que no especifica si será un político o no.
Converge la formación de abogados y jueces
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Félix Azón también consideró que resultaba urgente cambiar la fórmula de acceso a la judicatura. En este sentido, aseguró ayer en Barcelona que ante el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y la evolución del modelo de acceso a la abogacía, el CGPJ ha decidido introducir varios cambios. "Ahora únicamente se exige la licenciatura, aprobar la oposición y la escuela judicial, pero ahora, con la implantación del grado, queremos exigir el máster de contenido esencialmente jurídico", añadió.Los jueces suelen acabar su formación con 34 años, por lo que habría que analizar cómo se instrumentaliza para no prolongar más la carrera. La comisión de evaluación del CGPJ está estudiando cómo hacerlo, y empieza a tratarse con fuerza el acercamiento entre ambas profesiones: el juez y el abogado. Tanto Hernández-Gil como Azón se mostraron a favor de que las carreras de la judicatura y la abogacía estrecharan sus vínculos. "Vamos a introducir el intercambio de abogados en nuestras actividades formativas y viceversa. En los 25 cursos de formación continua que tenemos vienen participando entre cinco y seis abogados", concretó el vocal de CGPJ. Hasta ahora la cooperación entre ambas profesiones se limitaba a la simulación de juicios en la escuela oficial, donde participaban algunos colegios de abogados que ahora se ha extendido a todos.Advirtió que "unos tienen que aprender de los otros" y puso como ejemplo el examen test que a partir de ahora tendrán que hacer los abogados para ejercer. Respecto al modelo de acceso de los jueces, Azón dijo que la oposición libre no podrá ser superior a la Escuela de Práctica Jurídica.
Las cifras
2012 es el año a partir del cual se aplicará el nuevo reglamento de acceso a la abogacía. A los alumnos que terminen este año la carrera o a los abogados ya colegiados no les afecta la modificación.90 es el número de créditos del máster teórico práctico necesario para poder ejercer.