El ICO prepara un fondo para participar en proyectos del plan adicional de inversión en infraestructuras

Se trata de apoyar a las empresas privadas en la puesta en marcha de inversiones por 17.000 millones en obra civil a lo largo de 2010 y 2011. Aún se está atando el grado de participación de las partes implicadas en la financiación global de esta iniciativa, aunque todo parece indicar que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) correrá con el 50%, el ICO respaldará un 20% y entre la banca comercial y el sector de la construcción se repartirán el 30% restante.

El plan está siendo presentado esta mañana por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la estación madrileña de Chamartín. Un escenario perfecto a la vista de que el ferrocarril, entre mercancías, alta velocidad y cercanías, se lleva el 70% del esfuerzo de inversión público-privada. El otro 30% se destinará a la construcción y reforma de carreteras.

Esta aportación adicional a los presupuestos de Fomento está llamada a plantar cara a la crisis y redundará en la creación, según cálculos del Ejecutivo, de 400.000 puestos de trabajo en el vapuleado campo de la construcción.

El capital de las sociedades concesionarias ha de repartirse entre constructoras, ingenierías y conservadoras de infraestructuras. Con esta decisión se trata de que todo el sector tenga acceso a la demandada inyección de obra civil. Otro paso del Gobierno que adapta las licitaciones a los tiempos que corren ha sido partir los proyectos hasta en contratos de 50 millones de euros con el fin de que las constructoras pequeñas y medianas también disfruten de su cuota.

El plan está basado en un modelo concesional en el que las promotoras privadas de las infraestructuras corren con el riesgo de disponibilidad y no de demanda. Las obras estarán finalizadas en 2014 y a partir de ahí el Gobierno pagará un canon a las empresas. Fomento estima que ese desembolso no subirá del 8% de sus presupuestos anuales.

Las concesionarias de proyectos relacionados con carreteras tendrán un plazo de explotación de 25 años, por los 30 años que se han fijado para la gestión de las concesiones ferroviarias.

España tiene ya experiencia en la colaboración público-privada en el ámbito de las infraestructuras. Sin embargo, este plan de 17.000 millones repartidos en dos años supone todo un hito que las constructoras, operadoras e ingenierías vienen demandando desde que comenzó la crisis.