Hacienda plantea renegociar a la baja el pacto salarial de los funcionarios
El Gobierno abrió la puerta ayer a revisar el pacto salarial con los funcionarios y no descarta congelar o rebajar el salario de los servidores públicos. Así lo sugirió el secretario de Estado, Carlos Ocaña, que presentó los datos de cierre de las cuentas públicas de 2009. Los peores de la historia.
El acuerdo salarial con los funcionarios, que contempla un incremento de los sueldos del 0,3% en 2010 y no especifica las subidas para 2011 y 2012, puede quedar en papel mojado. El Gobierno, en su plan de austeridad, se marca como objetivo lograr una rebaja del 4% en el coste de las remuneraciones públicas, que ascienden a 120.000 millones.
Y Carlos Ocaña apuntó que el acuerdo salarial deberá "amoldarse" a ese nuevo objetivo. Dicho de otra forma, el Gobierno planea revisar a la baja el pacto laboral. Y aquí caben todas las posibilidades. Desde rebajar los salarios o congelarlos hasta establecer incrementos similares a los de 2010. En cualquier caso, Carlos Ocaña, anunció que la mayor parte del recorte del 4% de la masa salarial se obtendrá al no cubrir los puestos vacantes. El 7% de los funcionarios de la Administración central se jubilará en los tres próximos años y sólo se cubrirá una de cada diez bajas.
Sin embargo, también se requiere una mayor contención salarial. El acuerdo vigente contempla que en 2013 los funcionarios recuperarán el poder adquisitivo que hubieran podido perder desde 2010. Resulta plausible que el Gobierno proponga ampliar a 2014 o más allá el límite para ajustar la remuneración al IPC.
La voluntad del Gobierno de reducir el coste salarial de los funcionarios es sólo una de las consecuencias del fuerte deterioro que sufren las finanzas públicas. En 2009, el Estado central gastó casi el doble de lo que ingresó y los números rojos ascendieron a 99.785 millones de euros, un 9,5% del PIB. Tantos en términos relativos como absolutos, supone el mayor déficit registrado por la Administración central. Y, si a esa cifra se le añaden los activos financieros -que no contabilizan como déficit-, la necesidad de endeudamiento asciende a 116.288 millones.
Una situación que se explica, por un lado, por la caída de la recaudación tributaria y, por otra, por los incentivos fiscales impulsados por el Gobierno para luchar contra la crisis, que ascendieron a 7.145 millones de euros. El IVA ha sido, con diferencia, el tributo que más ha notado la recesión y la caída del consumo. La recaudación descendió en 2009 un 30%, algo nunca visto desde que se introdujo el impuesto en los años 80. Solo el incremento del gasto de la Administración evitó un desplome mayor.
Los ingresos públicos derivados del IRPF descendieron un 10,5%. El incremento del paro ha provocado una caída del 3,1% de las retenciones de trabajo. Mientras que las de capital han sufrido un descenso mayor por los "menores dividendos abonados y reembolsos realizados sobre los fondos de inversión".
En el impuesto de sociedades, el descenso recaudatorio fue del 26,1%, un nivel muy alto si se tiene en cuenta que ya en 2008 cayó por encima del 35%. Estos datos revelan la entrada en pérdidas de muchos empresas. Y, aquellas que aún no registran números rojos, han visto como menguaban sus beneficios.
En total, los ingresos públicos del Estado ascendieron a 102.000 millones, un 21% menos, mientras que los pagos alcanzaron los 108.319 millones, un 27,8% más que el año anterior. Un incremento que se explica, entre otras razones, por el aumento de las transferencias al Servicios Públicos de Empleo Estatal, que sumaron 19.255 millones que no estaban previstos. Además, las comunidades autónomas recibieron 6.690 millones adicionales para cumplir con la nueva ley de financiación autonómica. La tercera gran partida corresponde el Fondo de Empleo Local, que supuso un coste de 8.000 millones.
Peligra la emisión de deuda autonómica
El Gobierno utilizará todas las herramientas que tiene a su alcance para lograr que las comunidades autónomas, que gestionan casi el 50% del gasto público, apliquen sus propios planes de austeridad. O al menos eso defendió ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, que advirtió que el Gobierno será especialmente "riguroso" a la hora de permitir la emisión de deuda de las comunidades autónomas. Aquellos territorios que incumplen el pacto de estabilidad precisan del visto bueno del Ministerio de Economía para emitir deuda. Así, Elena Salgado puede vetar que los Ejecutivos autonómicos acudan a los mercados en busca de financiación.Por otra parte, Hacienda ha remitido a las comunidades una "propuesta de acuerdo" para que las autonomías contribuyan con 10.000 millones de euros al recorte presupuestario de 50.000 millones planteado por el Gobierno hasta 2013. En el texto, que ya está siendo estudiado por las comunidades autónomas, aparece la posibilidad de que el Gobierno recorte las transferencias no vinculadas al modelo de financiación a las regiones que no cumplan con los objetivos de reducción del déficit. Es decir, en ningún caso afectará a las partidas de sanidad, educación y servicios sociales.Por otra parte, el Gobierno quiere extremar el control sobre los Ejecutivos autonómicos, a quienes obligará a entregar un examen detallado de su balance de pagos e ingresos.
