Hacienda admite abusos al contratar servicios en la Administración
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reconoce que se está abusando de la fórmula de contratos de servicio en la Administración para sufragar la escasez de personal laboral o funcionarios.
El último informe financiero que acaba de elaborar la IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda, correspondiente al año 2008, pone en evidencia una multitud de irregularidades en el control del gasto y la gestión del personal en la Administración estatal. La Intervención recalca cómo "ante la falta de recursos humanos suficientes, los órganos gestores están recurriendo a figuras como el contrato, la encomienda o el encargo, desvirtuando la naturaleza con la que nace la contratación administrativa". Los ejemplos que pone son múltiples.
En el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se está utilizando la contratación de servicios "para externalizar tareas que debe realizar con sujeción al derecho administrativo y actividades y que cubren necesidad de carácter permanente". En especial recalca cómo tanto en el Ministerio como en el organismo Parques Nacionales buena parte de los encargos realizados son a empresas del grupo Tragsa, para saltarse la normativa de la función pública. En el caso delMinisterio de Asuntos Exteriores, la IGAE recalca cómo para completar la estructura de muchas unidades se ha utilizado personal obtenido mediante contratos de servicios, "abusando del fraccionamiento del gasto y del contrato menor".
En elMinisterio de Educación y en el de Industria ocurre algo parecido. Se externalizan labores propias de estos departamentos, como la gestión de ayudas, "con lo que se corre el riesgo de romper la homogeneidad de criterios" entre el personal interno y el externo. Hacienda subraya que la creciente tendencia a acudir a la contratación de servicios "bajo condiciones más propias de una relación laboral" está provocando sentencias judiciales en las que se reconoce fraude de ley y cesiones ilegales de trabajadores, obligando a los departamentos a admitir como personal laboral indefinido a las personas que trabajan de forma irregular con contratos de servicios o encargos. Si crítica es la IGAE con el uso de contratos de servicio más lo es con las encomiendas.
Pone como ejemplo Red.es, entidad empresarial del Ministerio de Industria, que a través de ellas o los convenios negocia proyectos con otras entidades. En la tramitación de estas encomiendas se producen problemas como retrasos en la ejecución, que "llevan a presumir que sería mucho más eficiente si la negociación se hiciera directamente por el ministerio". Además, la IGAE concreta que Red.es dispone de los fondos de las encomiendas durante largos periodos de tiempo (a veces dos años) sin darles aplicación y obtener retribución financiera.
El informe de la IGAE se produce justo cuando el Gobierno está estudiando una reordenación del gasto público con el fin de aplicar criterios de austeridad, ante la crisis. De hecho, el Ejecutivo tiene previsto aprobar este plan de austeridad el próximo viernes. Mientras el Gobierno elabora el plan son muchos los críticos que alertan del crecimiento de personal público, sobre todo en las autonomías. Mientras en la Administración central, el personal se ha reducido hasta los 583.000 efectivos, en las comunidades autónomas ha aumentado mucho más que proporcionalmente, hasta 1,4 millones
Escaso control en las subvenciones y pagos fraccionados
La IGAE denuncia también el envío insuficiente de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, creada para el control de las mismas. Ello provoca que "no se pueda analizar la concurrencia de ayudas indebidas".El envío de información insuficiente es generalizada y afecta, sobre todo, a los ministerios de Cultura, Industria, Trabajo, Vivienda, y a organismos como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de la Cinematografía, entre otros. También alerta de que se está vulnerando el principio de limitación de la concurrencia en la contratación.Así , con el fin de beneficiarse de tramitaciones simplificadas (propias de contratos menores) se producen fraccionamientos de gastos, incumpliendo la ley. Esta situación "se pone de manifiesto en el 40% de los informes de control de los ministerios y en el 20% en los demás organismos".También detecta vulneraciones en el procedimiento negociado en el que se necesita la concurrencia de, al menos, tres empresarios. Es el caso del Ministerio de Justicia: aunque solicita las tres ofertas "éstas no explican las ventajas competitivas en los precios ofertados".Ocurre lo mismo en el organismo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que negocia con las empresas pero suelen ser las mismas y, salvo la adjudicataria, el resto no presenta oferta.
OTRAS IRREGULARIDADES DETECTADAS
MUTUASSobrevaloracionesSe encuentran salvedades en 19 de las 24 mutuas de accidentes de trabajo auditadas. En ellas hay una tendencia a la sobrevaloración de la provisión para contingencias en tramitación, que llega al 30% de las mutuas. Hay 18 millones de gastos no cubiertos presupuestariamente en el último ejercicio analizado.INEMImputaciones erróneasEl Servicio Público de Empleo Estatal incumple el principio del devengo en las prestaciones por paro. Imputa al ejercicio los gastos devengados en el periodo diciembre-noviembre en lugar de hacerlo de enero a diciembre, provocando diferencias de hasta 200 millones. Y no reconoce pagos indebidos en vía ejecutiva.UNEDColaboraciones opacasLa Universidad Nacional de Educación a Distancia "no contabiliza y controla" los ingresos y gastos derivados de las actuaciones formativas de posgrado con titulaciones propias de la universidad, gestionadas por entidades colaboradoras. Estas entidades ingresan en la UNED un 22% de la recaudación por matrículas.ICEXIneficiencia contableEn el caso del Instituto de Comercio Exterior, la IGAE le imputa una "falta de calidad" en la información contable, achacable al "poco control interno". Ello se extiende incluso a la elaboración de las cuentas anuales. Hacienda le recomienda que mejore la gestión contable y presupuestaria.PUERTOS Y AENADescontrol en salariosHacienda detecta que AENA incumple de "manera sistemática" la norma de límites retributivos. La retribución media de un controlador es de 304.874 euros, "excediendo en 210.316 euros" a la que resultaría de actualizar la retribución de 1999 con el IPC . Algo similar ocurre con puertos y sociedades hidráulicas.