Gómez Navarro deja las Cámaras ante la falta de apoyo del Gobierno

El 3 de diciembre de 2010 marcó un antes y un después en la vida profesional de Javier Gómez Navarro. Ese día el Ejecutivo aprobó un decreto de medidas liberalizadoras que incluía el fin de la obligatoriedad del recurso cameral permanente. Este instrumento era la principal fuente de financiación de las Cámaras de Comercio (generaba un 70% de sus ingresos) a través de las aportaciones de las grandes empresas.

Gómez Navarro se enteró por la prensa de esa noticia y se sintió traicionado por un Ejecutivo del que ha formado parte en cargos de alta responsabilidad (ha sido secretario de Estado de Deportes o ministro de Comercio y Turismo). Aunque nunca lo ha dicho de forma pública, el presidente saliente de las Cámaras señaló a la CEOE como la principal responsable. La patronal llevaba solicitando desde hace muchos años el fin de unas cuotas obligatorias que consideraba un impuesto injusto. La decisión de suprimir el recurso cameral se tomó tan solo una semana después de la reunión del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, con los 37 presidentes de las mayores empresas de España. En ese encuentro se planteó ese asunto, aunque Gómez Navarro pensó que si se tomaba alguna decisión en ese sentido tan solo afectaría a un grupo reducido de compañías.

Lo que jamás supuso es que el Ejecutivo iba a asestar un rejón de muerte a las Cámaras, suprimiendo el recurso cameral en su totalidad. En el comunicado emitido ayer por el citado organismo se justificaba su salida por motivos personales y como un gesto de responsabilidad institucional, "ya que las nuevas circunstancias que afectan a las Cámaras y su futuro modelo de funcionamiento requieren de una absoluta dedicación que no le permiten sus compromisos empresariales y profesionales" (en la actualidad es presidente de Aldeasa y consejero de Telefónica y Autogrill, entre otros).

En ningún momento se menciona el deterioro de la relación con el Ejecutivo, que se hizo aún más evidente con la tramitación parlamentaria de la Ley de Economía Sostenible, que incluía el decreto-ley con el fin del recurso cameral. Gómez-Navarro hizo un trabajo soterrado con los grupos parlamentarios, especialmente con PNV y CiU, para intentar suavizar el impacto a través de la prolongación del recurso hasta 2014 (estaba previsto que se eliminara el 1 de enero de 2013). Esa enmienda fue rechazada por el grupo parlamentario socialista, lo que fue interpretado como una afrenta por parte del Ejecutivo.

Fuentes cercanas a Gómez Navarro apuntan que en la dimisión también han tenido un peso vital las malas relaciones con el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Pese a no contar con el mismo predicamento que tenía con los anteriores gobiernos socialistas de Felipe González, Gómez Navarro intentó mantener su papel de interlocutor de primer orden y eso le causó no pocos problemas frente a Sebastián. "El ministro de Industria le instó a probar que las Cámaras eran viables económicamente y nunca lo logró demostrar", aseguran esas mismas fuentes.

El presidente de las Cámaras tampoco estaba dispuesto a dirigir la reestructuración de los citados organismos, que implicaría despidos entre sus 3.200 trabajadores y el cierre de algunas de las 88 sedes que tienen en España.