Viernes, 09-01-2009 - Actualizado a las 2:33 h.
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Educación reconoce las trabas burocráticas en la aplicación de la ley
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Alfonso Simón - Madrid - 06/08/2008
Cuando entraba en vigor la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero consideraba que estaba poniendo “el cuarto pilar del Estado del bienestar”. Pero, apenas un año y medio después, desde el Ministerio de Educación y Política Social se reconoce una “preocupación por la percepción que los ciudadanos tienen de la aplicación de la ley”.
El departamento de Mercedes Cabrera, según fuentes del ministerio, se plantea incluir mejoras en un tema que han heredado de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, antes en Trabajo, ya que se está generando “frustración en los ciudadanos”. Educación reconoce problemas en el sistema informático Siaad (diseñado para gestionar los expedientes), ya que algunas comunidades autónomas se quejan de que se tarda 45 minutos en tramitar cada caso. Además, existen reclamaciones por los plazos demasiado extensos y complejos en resolver las solicitudes y algunos territorios (como Valencia, Galicia, Cataluña o Madrid) denuncian la falta de financiación y de diálogo por parte del Ejecutivo.
También se considera que los ciudadanos no han sido convenientemente informados del calendario de ejecución de la ley, que contemplaba que en 2007 se reconocería primero las prestaciones a los grandes dependientes (de grado 3), después a los de grado 2 (a partir de 2008) y sólo en el quinto y sexto año de aplicación a los llamados de “dependencia moderada”.
También, “algunas comunidades ralentizaron los trámites antes de las elecciones de marzo”, aseguran desde el departamento de Cabrera, señalando especialmente a la Comunidad de Madrid, pero explican que el ritmo de aceptación de solicitudes ya se ha equiparado en todas las regiones.
Para superar estas deficiencias, Educación va a poner en marcha una evaluación del sistema informático, así como de todos los procesos burocráticos. Además, aseguran que incluirán “transparencia en el sistema de información” a los ciudadanos. Pero el ministerio también se ha encontrado con que los demandantes están solicitando más ayudas económicas (destinadas a cuidar de los familiares en casa), que prestaciones de servicios a través de centros y programas públicos, situación que la norma no preveía para los grandes dependientes. “El espíritu de la ley buscaba liberar a la mujer de esa carga y la creación de una red asistencial sólida”.
Las previsiones de Ley de Dependencia estimaban que para 2010 estuvieran reconocidos 223.000 grandes dependientes. Pero, a 31 de julio de 2008, los dictámenes (de peticiones valoradas) ya son 279.450. Esto ha provocado que la Administración central haya elevado hasta 1.200 millones de euros la partida en los Presupuestos de 2009 para poder aplicar estas políticas. La estimación en la ley, recogía que para 2009, sin embargo, sería sólo de 979 millones. Ya en 2008, el Ejecutivo elevó desde los 678 millones a los 871 finalmente presupuestados.
Este dinero se dedica, por un lado, a pagar el coste de cada dependiente y, por otro, se destinan 241 millones para servicios e infraestructuras a repartir entre las comunidades autónomas. Tanto Galicia como Madrid y Valencia reclaman más financiación en esta segunda partida. Además, Educación asegura que las ayudas no estarán ligada, en ningún caso, al debate del nuevo modelo de financiación.
En el Ministerio de Educación y Política Social tampoco están satisfechos con la generación de empleo que se crea alrededor del desarrollo de las políticas de dependencia. El Libro Blanco de la Dependencia, que sirvió como base para desarrollar la ley, estimaba que en 2005 se crearían 10.500 nuevos puestos de trabajo, 45.000 en 2006, 60.000 en 2007 y otros 65.000 en 2008. Al final del periodo de aplicación de la norma se habrían creado 262.735 nuevos empleos, sobre todo en residencias y ayudas a domicilio.
Pero la realidad parece otra. Según la Encuesta de Población Activa, en el primer semestre de 2008, existen 20.700 nuevos ocupados en servicios sociales y en residencias. “No se están cumpliendo todas las expectativas de valor añadido en el empleo que debería aportar la ley”, reconocen en el ministerio.
Y lo achacan a la lentitud en la puesta en práctica de la ley y en la dilación en la formación de los recursos humanos.
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