El Gobierno saca adelante parte de la Ley de Economía Sostenible con el apoyo del PNV
Lo que José Luis Rodríguez Zapatero definió como ley estrella de la legislatura, la Ley de Economía Sostenible, tuvo ayer una atropellada votación en el Congreso dada la dificultad de ordenar alrededor de un millar de enmiendas y los problemas que le ocasionó al Grupo Socialista el rechazo de la mayoría de los grupos a la denominada ley Sinde. El Gobierno se apoyó en el PNV para sacar adelante el grueso de la norma, que ahora va camino del Senado.
Este apoyo de los nacionalistas vascos estuvo condicionado a la aceptación por parte del Ejecutivo de un grupo de enmiendas que tienen diferente calado. Entre las más destacadas figuran las que amplían el número de miembros de los organismos reguladores en los que aspira a sentarse el PNV. Entre ellos figuran la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional del Sector Postal, que pasarán de cinco a siete miembros.
El PNV también ha obtenido del Gobierno el compromiso para prorrogar la concesión de los terrenos públicos de Vizcaya donde se ubica en la actualidad la empresa Petronor, filial vasca de Repsol.
La refinería de Petronor está enclavada en los términos de Muskiz y Abanto-Zierbana, y se encuentra conectada por oleoducto a los atraques portuarios de uno de los puertos de mayor calado de Europa. La concesión de estos terrenos en los que se ubica Petronor está a punto de vencer y los nacionalistas vascos han conseguido el compromiso del Ejecutivo para proceder a su prórroga y darle a esta concesión mayor seguridad jurídica.
Estos terrenos son de dominio público marítimo-terrestre y dado que se trata de un sector y actividad estratégica para la economía y que sería difícil buscar una ubicación alternativa, los nacionalistas vascos han logrado incluir en el proyecto de Ley de Economía Sostenible una disposición transitoria que permite renovar la concesión de estas instalaciones, con una vigencia que en principio se estima de cuarenta años, según fuentes parlamentarias vascas. La ley no será debatida en el Senado hasta el mes de enero, fecha en la que el PSOE podría intentar recabar nuevos apoyos.