El Gobierno inyectará 9.000 millones a los municipios para obra pública
El fuerte aumento del desempleo y la paralización de algunos proyectos de infraestructuras han propiciado que una de las medidas estrella del plan que presentará hoy el presidente del Gobierno sea una inyección cercana a 9.000 millones para los ayuntamientos. Este dinero se financiará con la emisión de deuda del Estado y sólo podrá destinarse a licitar nuevas obras.
La asfixia financiera a la que está sometiendo el ajuste inmobiliario a numerosos municipios españoles va a recibir un importante balón de oxígeno. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciará hoy en el Congreso, una subvención directa de 9.000 millones de euros para todos los ayuntamientos donde más se haya incrementado la población y la tasa de desempleo en el último año, según aseguraron ayer a CincoDías fuentes conocedoras del proyecto. Los recursos, que dejan fuera a las autonomías, se financiarán con la emisión de deuda del Estado, por lo que en esta ocasión no se tratará de una línea de financiación preferente puesta en marcha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los consistorios no tendrán que devolver el dinero que reciban. No obstante, el Ministerio de Economía y Hacienda será estricto a la hora de proceder al reparto de los fondos. Los dos criterios básicos que se tendrán en cuenta son el aumento de la población que haya registrado el municipio en el último año y el incremento de la tasa de desempleo.
Además, se trata de subvenciones que sólo podrán ser empleadas para financiar nuevos proyectos de infraestructuras que no estén contenidos en los presupuestos de las corporaciones locales para 2009. 'No podrán utilizar el dinero ni para reducir su endeudamiento, ni para gastos corrientes', aclaran las fuentes consultadas. Con ello se pretende dar un importante impulso a actividades como son la construcción de nuevas infraestructuras o la rehabilitación de los cascos históricos de las ciudades, muy intensivas en mano de obra para frenar el aumento del desempleo detectado en los últimos doce meses. Por este motivo, esta iniciativa estará incluida en el plan de actuaciones para estimular la economía y crear empleo que presentará hoy Zapatero. Así, está previsto que con los cálculos preliminares efectuados por el Ejecutivo, los dos grandes ayuntamientos, Madrid y Barcelona, reciban una inyección de entre 800 y 1.000 millones cada uno. El equipo de Gobierno del Consistorio de la capital anunció en julio la congelación de diversos proyectos de infraestructura, por lo que con esta inyección se abre la posibilidad de que puedan ser retomados. El delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, confirmó ayer que el Consistorio cuenta con una capacidad inversora extra no presupuestada de 400 a 500 millones.
Desde que se hiciera pública su decisión, otras administraciones han seguido su estela y ese efecto contagio es lo que más preocupa al Gobierno central. Las cifras de licitación pública que elabora la patronal Seopan son ya bastante elocuentes. De enero a octubre las administraciones locales han sacado a concurso obras por 8.518 millones, un 9,7% menos que en el mismo periodo de 2007. Los números son aún peores al hablar de la Administración general del Estado, que ha registrado un descenso de la licitación del 33,7% anual en estos nueve meses. Sólo la actividad de las regiones mantiene tasas positivas, del 3,9%.
El reparto del dinero se hará atendiendo a los criterios de aumento de población y tasa de paro
Plan Agua
Una de las iniciativas que más obras puede poner en marcha es el Plan Agua, que data de la anterior legislatura y prevé inversiones de 3.700 millones. Además de mejoras en la red de abastecimiento actual, el programa incluye la construcción de desaladoras.
Agilizar los plazos en la contratación de proyectos
Entre las iniciativas que tiene previsto presentar hoy el presidente del Gobierno figura también un firme compromiso para agilizar la licitación de proyectos contenidos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). El problema es que por mucho que se adelanten los plazos, cada obra, dependiendo de su envergadura, requiere un tratamiento específico y si por ejemplo precisa de una declaración de impacto medioambiental, por mucho que se aceleren los trabajos, hay unos plazos temporales que deben ser respetados.Por ello, tanto desde el Ministerio de Fomento, como desde las empresas del sector constructor admiten que el margen de maniobra que existe en este asunto es 'muy limitado'. 'Lo único que puede hacerse en materia de licitación es convocar ya los concursos cuyos proyectos están redactados, a los que sólo les resta el último visto bueno', explican en una constructora.Por ello, desde el sector consideran que esta agilización de los tiempos tendrá un efecto limitado. 'Adelantar cuatro o cinco años las obras que hay previsto realizar hasta 2020 no es la solución, sobre todo porque no creemos que el Gobierno disponga ahora mismo de recursos presupuestarios suficientes como para invertir más de 13.000 ó 15.000 millones anuales, que es el techo establecido por el PEIT', señalan las mismas fuentes. Por último, falta por desbloquear la negociación con las concesionarias adjudicatarias de los primeros concursos para la renovación de las autovías más antiguas. En cuanto se suscriba el acuerdo con el Ministerio de Fomento, los trabajos comenzarían en cuestión de semanas.