El Gobierno intenta encajar en la Ley Postal el rescate de las autovías

Economía y Fomento pactaron hace una semana una solución de urgencia para las concesionarias de autovías que el PP vetó en el Congreso durante la votación de las enmiendas a los Presupuestos. Esta solución consistía en la aportación de 80 millones de euros en 2011 como anticipo a cuenta a las empresas afectadas por la caída del tráfico en las autopistas de peaje, iniciativa que tendría continuidad hasta 2013 en función de la evolución del negocio. Para que estas cantidades no computen como déficit, el acuerdo incluía la creación de una cuenta de compensación mediante la cual las compañías se comprometían a reintegrar estas cantidades en el Tesoro, con sus correspondientes intereses, a razón del 50% de la facturación lograda por encima del total del tráfico previsto.

La medida no gustó al PP, que la consideró un parche, y salió vetada en el Congreso. Ahora los Presupuestos se tramitan en el Senado y los socialistas y CiU volverán a presentar la misma enmienda. Pero hay altas posibilidades de que ésta no llegue a debatirse porque se da por descontado que el PP vetará las cuentas estatales de 2011 y que dicho veto prosperará con el concurso de los propios nacionalistas catalanes, de ERC y de Iniciativa. La vía presupuestaria para resolver este contencioso quedará pues en dique seco, ya que el Congreso no tendrá posibilidad de recuperar esta enmienda cuando el proyecto de Ley de Presupuestos regrese de la Cámara Alta.

Ante esta situación de bloqueo, algunos grupos parlamentarios han propuesto al Gobierno que estudie la incorporación de la misma enmienda a alguna de las leyes en tramitación. Y todos, incluido Fomento, han puesto la mirada en la Ley del Servicio Postal, que depende del mismo departamento. Sería un camino forzado para resolver el problema de las concesionarias de autovías, aunque no más que el que se eligió para culminar la reforma de las cajas de ahorros a través de la Ley de Promoción al Desarrollo.

Los portavoces de Fomento consultados por este periódico están dispuestos a colaborar para superar este escollo. Andrés Ayala, por el PP, afirma que desde su grupo no se pondrán obstáculos "para alcanzar un acuerdo" ya que reconoce que las empresas "están en una situación alarmante". Ayala achaca el veto impuesto por su partido en el Congreso "a la improvisación con la que el Gobierno presentó su enmienda". El ponente de CiU, Pere Macias, advierte que dando solución a este problema "no se rescata solo a las concesionarias, sino que se acude también en socorro del propio Estado ya que de quebrar éstas "debería cargar con una deuda de entre 3.500 y 5.000 millones de euros, con un aumento del déficit público de medio punto de PIB".