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Si a las actuaciones del Gobierno se unen las que éste ha instado a otras administraciones, en lo que llevamos de legislatura se han liberado casi 14 millones de metros cuadrados de suelo para construir 42.000 viviendas protegidas'. Con esta frase resumió María Antonia Trujillo el resultado de las acciones de fomento de VPO, uno de los ejes prioritarios del Ministerio de la Vivienda.

Trujillo dividió las políticas de suelo para vivienda protegida en dos ámbitos: las actuaciones de la Sepes (empresa estatal del suelo) en el sector residencial, y la movilización de suelo propiedad de la administración central del Estado. En cuanto al primero, la Sepes 'está realizado ocho actuaciones en seis comunidades autónomas, para un total de 6.400 viviendas de protección oficial'. Trujillo anunció que en los próximos días se abrirá un concurso de ideas para el desarrollo arquitectónico de estas actuaciones, cuyo premio será el diseño de 5.688 de las viviendas, pues el resto ya están en desarrollo.

La ministra anunció otras diez actuaciones residenciales futuras, que ofrecerán suelo para 16.500 viviendas. En total, casi 23.000 viviendas, que 'no irá en detrimento de la actuación de la Sepes en el ámbito de parques empresariales'. Así, en dos años se han finalizado 23 parques en 1.116 hectáreas para 2.500 empresas. 'Se ha puesto en el mercado más suelo urbanizado que nunca', afirmó Trujillo, antes de explicar que Sepes ingresó 245 millones de euros en 2005 por venta de suelo, 'el máximo de sus casi 50 años de historia'.

'Si ponemos en el mercado suelo urbanizado a un precio que permita construir vivienda protegida, no faltará quien las construya', resumió Trujillo.

La ministra dedicó unos minutos a enumerar los objetivos del proyecto de ley del suelo: aumentar la transparencia y la participación de los ciudadanos en los procesos de decisión sobre ordenación y gestión del suelo; asegurar un desarrollo urbano sostenible, con evaluación ambiental previa. También figura garantizar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida (en general, el 25% de la edificabilidad residencial, 'con las modulaciones que requiera el modelo urbanístico en cada caso adoptado'); y elevar la eficiencia del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativas.

El proyecto prevé la apertura a la competencia empresarial del desarrollo previsto por los planes para evitar bloqueos que eleven artificialmente los precios del suelo.