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El Consejo de Ministros aprobó el viernes una de las mayores reformas del actual Código Penal, vigente desde 1995. Además de incluir nuevos delitos -piratería, acoso laboral o tráfico de órganos,- se endurece el castigo contra los delincuentes de cuello blanco.

El Código Penal contemplaba penas de hasta tres años de cárcel para aquellos "promotores, constructores o técnicos directores" que realizaran obras ilegales. Ahora, se incrementarán hasta los cuatro años de prisión. Además, "los jueces deberán imponer multas de hasta el triple de la cuantía del beneficio obtenido y las ganancias que logre el delincuente se decomisarán siempre".

El Ministerio de Justicia apunta que, "por primera vez", los funcionarios y cargos públicos que amparen obras ilegales podrán ser sancionadas penalmente. El nuevo Código Penal incrementará el control sobre el sector público y el privado. Así, la definición de corrupción se amplía los particulares. Es decir, las prebendas ofrecidas entre personas en el ámbito privado para obtener una ventaja ilegítima tendrá la misma consideración que el cohecho.

Por otra parte, como reclamaban los inspectores de Hacienda, se endurecerá el delito fiscal. La pena de prisión se amplía de los cuatro a los seis años y también el plazo de prescripción, que se incrementa de los cinco a los diez años. Los funcionarios de Hacienda pedían esta medida porque es común descubrir grandes fraudes tributarios muchos años después de haberse cometido. Por otra parte, Francisco de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda, apunta que más allá del incremento de las penas, lo más importante es articular una forma para que Hacienda pueda cobrar la deuda evadida.

Actualmente, cuando la Agencia Tributaria descubre a un contribuyente que ha defraudado con "dolo" -intencionadamente- más de 120.000 euros envía el caso a la Fiscalía y se inicia un procedimiento penal. Ello implica detener las actuaciones administrativas y Hacienda debe esperar a que el juez dicte sentencia para recuperar el dinero defraudado. Un tiempo que suele alargarse años y permite muchas veces a los delincuentes deshacerse de sus bienes y declararse insolventes. El nuevo Código Penal permitirá que la vía judicial no suponga la paralización de la recuperación de la deuda por vía administrativa.

Más responsabilidad penal

También por primera vez se podrá exigir responsabilidad penal a las empresas, al igual que sucede con las personas físicas. Así, una compañía que cometa actos delictivos podrá ser multada, inhabilitada o incluso disuelta. Ello ya sucede en países como el Reino Unido, Francia o Suecia.