El Gobierno dará con un máximo de 750 euros para la compra de una moto

El plan de ayudas conocido como Moto-E y con una dotación de 9 millones de euros, satisface una vieja reivindicación del sector motociclista español, sumido en la actualidad en un profunda crisis de mercado, como lo demuestran que en el primer semestre de este año, las ventas de estos vehículos han caído un 50%.

La fuerte caída de este mercado desde hace más de un año alarmó a las empresas de este sector que advirtieron del serio riesgo de pérdida del 20% de su mano de obra (unos 6.000 del total de 30.000 trabajadores que ocupa).

Al igual que en el plan 2000E para estimular la venta de automóviles, esta iniciativa establece aportaciones del Gobierno Central y de las marcas del sector, mientras que deja discrecionalidad a las Comunidades Autónomas para sumarse a la misma con sus propios planes.

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en línea con esa coyuntura sectorial, declaró tras el Consejo de Ministros que con este plan el Gobierno abarca la doble iniciativa de "incentivar a esta importante actividad de la economía" y favorecer el mercado con motocicletas más seguras y menos contaminantes.

Los ciclomotores, de hasta 50 c.c., recibirán en subvenciones 225 euros, de los que el Gobierno aportará 75 euros y el resto correrá a cargo de las marcas.

Para las motocicletas de hasta 250 c.c.el importe total de la ayuda es de 525 euros, con 175 euros a cargo del Ejecutivo y el resto se lo atribuye la marca.

Las motocicletas de cilindrada superior a los 250 c.c. recibirán 750 euros, de los que 250 son aportación del Gobierno y el resto será responsabilidad de la firma.

Dicho plan será activo hasta el 30 de junio de 2010 o hasta el agotamiento de los 9 millones de euros que aporta el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, si se produce antes del agotamiento del periodo de vigencia.

Compromiso con el diálogo social

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró hoy el compromiso "total y absoluto" del Ejecutivo con el diálogo social y subrayó que, en todo momento, el Gobierno "ha trabajado, trabaja y trabajará" para que este proceso se mantenga, se enriquezca y pueda dar lugar a acuerdos.

La vicepresidenta afirmó desconocer lo sucedido en la reunión de ayer y, al ser preguntada por la petición de CC OO de que el presidente Zapatero intervenga en el proceso, se limitó a expresar el compromiso del Gobierno y de su presidente por el diálogo social.

Asimismo, De la Vega destacó "el ejercicio de responsabilidad" que están haciendo sindicatos y empresarios en el diálogo social, expresando su voluntad de alcanzar un acuerdo que, según dijo, "el Gobierno siempre va a propiciar".

Durante su comparecencia ante los medios, la vicepresidenta De la Vega también ha afirmado que el Gobierno espera que "en unos días" el tema de la financiación autonómica esté cerrado, un asunto en el que "trabajamos con intensidad", ha apostillado.

Tras remarcar que "cualquier debate hasta el último momento reabre otro debate", la vicepresidenta se ha mostrado partidaria de esperar a que "en unos días el tema esté cerrado". "Eso es lo que espera el Gobierno y para eso trabajamos con intensidad", ha subrayado.

Retirado el recurso contra la Ley de Cajas de Madrid

Por otro lado, De la Vega ha informado que el Gobierno ha retirado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de Cajas aprobada por la Comunidad de Madrid por considerar que se han eliminado los elementos contrarios a la Constitución. El nuevo texto aprobado por Ejecutivo madrileño coincide con las exigencias de la legislación básica.

El pasado mes de marzo, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid al estimar que vulneraba la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), al limitar la representación de los ayuntamientos en los órganos de representación de Caja Madrid.

El 7 de mayo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó un nuevo anteproyecto de Ley de Cajas en el que se modificaban algunos de los puntos más polémicos de la ley autonómica anterior, como era el límite previsto a la representación del Ayuntamiento de Madrid en la asamblea de Caja Madrid, y despejaba, a juicio del Ejecutivo regional, las dudas de inconstitucionalidad.

Por otra parte, el Gobierno destinará 99,7 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para atender las necesidades de pago derivadas de las operaciones de seguro de crédito a la exportación que se efectúan por cuenta del Estado.

Los PGE de 2009 prevén un crédito de 199,4 millones de euros para hacer frente a las desviaciones que pudieran producirse en la cobertura de los riesgos políticos y extraordinarios del seguro de crédito a la exportación.