El Gobierno admite que el ahorro del plan de ajuste no es elevado, pero se ganará eficacia

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Salgado subrayó que el sector público empresarial tiene algo más de 100.000 trabajadores, que van a seguir formando parte de él independientemente de que se lleven a cabo los procesos de fusión o eliminación de sociedades.

Asimismo, indicó que el ahorro directo de la reducción de consejeros y puestos directivos de las empresas y entidades públicas se conocerá a final de año, cuando se analizará lo no gastado en alquileres y otros ámbitos. Salgado afirmó que lo mismo ocurre con los altos cargos, porque en ese caso la mayoría de directores generales son funcionarios y las funciones que desarrollan pasan a desempeñarse por otros órganos.

En este sentido, fuentes gubernamentales aseguraron que la reducción de altos cargos supondrá un ahorro de 4 millones, un recorte que reconocen que no es elevado pero que consideran que tiene un importante valor simbólico.

Supresión de 29 empresas públicas y 33 altos cargos

El Gobierno anunciaba hoy su decisión de suprimir 29 empresas públicas -que hasta ahora eran 106- y también 33 altos cargos de los distintos ministerios, entre ellos dieciocho directores generales, un secretario general y catorce organismos autónomos con rango de director general, según el plan de racionalización del sector público aprobado por el Consejo de Ministros.

La reestructuración del sector público empresarial consiste en la desaparición de catorce sociedades mercantiles y la fusión de otras veinticuatro, y también se suprimirán la mayoría de las fundaciones. Con estos cambios, habrá una reducción de más del 27% para el número de sociedades públicas.

Mientras, los 33 altos cargos del Gobierno que desaparecen son un secretario general, dieciocho directores generales y catorce organismos autónomos con rango de direccción general. El recorte de los altos cargos empezará en las próximas semanas y se acometerá en los próximos tres meses, y no va a afectar ni al Ministerio de Asuntos Exteriores ni al conjunto de las Secretarías de Estado hasta que no acabe el semestre de la Presidencia Española de la UE.

El Gobierno ha decidido eliminar diez organismos con competencias económicas pertenecientes a cinco ministerios. Así, de Presidencia del Gobierno desaparecen la Dirección General de Política Económica y la Dirección General de Infraestructuras y Seguimiento para Situaciones de Crisis.

En el Ministerio de Economía y Hacienda se eliminan la Secretaría General de Financiación Territorial, la Dirección General de Servicios y Coordinación Territorial y el Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria.

Del Ministerio de Fomento se ha suprimido la Dirección General de Planificación y la Dirección General de Servicios, en tanto que el Ministerio de Trabajo se queda sin la Dirección General de Servicios y la Dirección General del Instituto Social de la Marina, y el Ministerio de Industria sin la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

Además, las empresas públicas prescindirán de 80 cargos directivos y 450 consejeros. Según el plan, las empresas públicas estatales recortarán en al menos un 10% sus puestos directivos, cuarenta en total, y un 15% el número de consejeros de aquellas sociedades que cuenten con un consejo de administración de más de seis miembros, 150 en total.

La misma reducción porcentual se aplicará a otras entidades públicas empresariales, lo que implicará una amortización de cuarenta puestos directivos y 300 consejeros. Habrá una excepción para el caso de las autoridades portuarias, en las que la reducción de consejeros será del 40%

La reorganización terminará antes de que acabe el año

En cuanto a la reorganización y racionalización del sector público, con sus empresas y fundaciones, concluirá antes de que acabe el año, según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

La portavoz del Gobierno explicó que este plan se aprueba "en clave de eficiencia" dentro del compromiso de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013. Añadió que no se hace sólo por una cuestión de ahorro, sino para adecuar tanto la Administración General del Estado como sus empresas a las necesidades de hoy en día "con rigor, decisión y responsabilidad".

El Consejo ha aprobado el plan a través de dos reales decretos y dos acuerdos. Según Fernández de la Vega, con estas medidas también se busca cumplir con el compromiso de reducir en un 4% los costes laborales de la administración y del sector público.