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Entre que el promotor de una obra inicia los trámites para conseguir la evaluación de impacto ambiental, un requisito previo para que sea autorizada la misma, hasta que se le concede suelen pasar cerca de dos años. Un plazo aceptable en una etapa de crecimiento económico como el acontecido entre 1993 y 2008, pero difícilmente asumible en una coyuntura como la de los últimos trimestres en la que la actividad ha caído en picado y el desempleo crece con fuerza. En la actualidad hay 1.661 obras (apenas treinta menos que en octubre de 2008), por un valor cercano de 80.000 millones de euros, que no se han iniciado al no contar con ese informe preceptivo.

Consciente de ello, el Ejecutivo envió el viernes al Congreso un proyecto de ley que agilizará los trámites para obtener el informe de impacto ambiental, que firma el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y acredita que la obra no va a producir una alteración negativa sobre el entorno en el que se van a construir.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró el viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este proyecto pretende "hacer compatible el desarrollo económico con la protección al medio ambiente" y demuestra el interés del Ejecutivo por agilizar los trámites e incrementar la trasparencia. "Todos los expedientes en tramitación estarán a disposición de todos los ciudadanos, que además podrán conocer en tiempo real qué administración es la responsable en cada momento", señaló.

El Ejecutivo había sido más ambicioso en las etapas iniciales en las que se estaba negociando el proyecto de ley y había pensado en un principio acortar el plazo de dos años a uno, estableciendo límites en las tres fases que comprende el informe de impacto ambiental (antes no tenían). Sin embargo se ha conformado con rebajarlo tan sólo medio año ante la escasez de personal para completar un trabajo tan complejo y las dificultades para coordinar a todos los agentes implicados en los expedientes en la evaluación de impacto ambiental.

Lo que sí ha aprobado ha sido una modificación en el proyecto de ley para que los expedientes que se encuentren parados por un periodo superior a dos años sean revisados. A los promotores de esas obras, el Ministerio de Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, les exigirá en el plazo de tres meses que presenten en tres meses la documentación necesaria para proseguir la tramitación, indicando que en caso de esto no se produzca, se archivará el expediente.

Pese a las dificultades, el número de expedientes resueltos en lo que va de año ya ha superado a los presentados. Según los últimos datos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente, se han presentado 251 proyectos solicitando a la declaración de impacto ambiental entre enero y junio, mientras que en el mismo periodo se han resuelto 284. Este cambio de tendencia ha provocado que el número de expedientes resueltos haya superado en un 13% a los nuevos expedientes recibidos hasta junio.