Garmendia blinda a la élite de los investigadores sanitarios
El Ejecutivo no está dispuesto a que los investigadores de élite que se forman en el sistema español acaben trabajando en otro país por falta de oportunidades. Y para lograr ese objetivo ha blindado en primer lugar a los doctores que acceden al programa Ramón y Cajal, mediante una disposición adicional en el proyecto de Ley de la Ciencia en la que les asegura una estabilidad al concederles ciertos privilegios para integrarse en el mercado laboral.
En el artículo 22 del proyecto de ley se establece que "en los procesos selectivos de personal laboral fijo que sean convocados por las universidades públicas, por los organismos públicos de investigación de la Administración general del Estado o de otras Administraciones públicas, la evaluación superada en el contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación se tendrá en cuenta a los efectos de su valoración como méritos investigadores en dichos procesos selectivos". Dicho de otra manera, que la investigación desarrollada durante los cinco años que dura el programa Ramón y Cajal contabilizará como mérito a la hora de acceder a una plaza en el sistema público de ciencia. Con esta medida se quiere continuar con el proceso de integración de estos investigadores en el mercado laboral, en el que ya se han consolidado 1.364 trabajadores y en el que todavía están disfrutando de ayudas otros 2.400.
El Ejecutivo, sin embargo, ha querido ir un paso más allá y ha decidido otorgar el mismo tratamiento a los investigadores sanitarios que reciben ayudas a través del programa Miguel Servet. Así se recoge en una enmienda transaccional presentada por el PP y CiU, que finalmente ha sido incluida en el proyecto de Ley de la Ciencia, que recibió el visto bueno del Senado el pasado miércoles. De este modo se quiere ofrecer también estabilidad a los cerca de 500 investigadores que han disfrutado de las ayudas de este programa para desarrollar proyectos de investigación en hospitales españoles. Las publicaciones y los trabajos realizados durante los tres años que duran las ayudas también les servirán como mérito en caso de que opten por una plaza.
Otra de las novedades incluidas en el trámite del Senado es el compromiso adquirido por la mayoría de partidos políticos para poner en marcha en el plazo de un año la Agencia Estatal de Investigación. Este organismo, cuya creación no acarreará ningún coste, ya que se integrará dentro de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, dependiente de la Secretaría de Estado de Investigación, será el encargado de repartir los fondos para la investigación básica, que pasarán a ser gestionados con criterios de eficiencia y retorno como en la investigación aplicada.
El texto ha pasado la tramitación en el Congreso y en el Senado con el refrendo de la gran mayoría de los grupos parlamentarios, excepto IU e ICV, que han votado en contra de la ley. Ese apoyo unánime ha sido especialmente valorado por la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, que se fijó como una de sus principales prioridades desde que accedió al cargo la aprobación de esa norma. Su tramitación se inició con el nacimiento del ministerio hace tres años.
Ese consenso ha llevado a la mayoría de los grupos parlamentarios a pactar la presentación de una moción en los próximos meses, a través de la cual se procederá a revisar la Ley de Mecenazgo y el sistema de incentivos fiscales de la I+D. Con la primera medida se quiere implicar a las empresas en la financiación de actividades innovadoras.
Mejoras salariales y facilidades para moverse
La nueva Ley de la Ciencia aporta grandes cambios en la carrera profesional de los investigadores. A partir de ahora, cualquier trabajador empleado en un centro de investigación o en una universidad tendrá un contrato y estará dado de alta en la Seguridad Social, poniendo punto y final a la concatenación de becas tan común en las dos últimas décadas.La norma establece tres tipos de contratos. El primero es uno previo al doctorado, que tendrá una duración máxima de cuatro años, y en el que el trabajador no podrá cobrar menos del 56% del salario fijado en el convenio de su sector en el primer año y menos del 75% en el cuarto año. El segundo es un contrato de acceso, con una duración máxima de cinco años, en el que el empleado será sometido a una evaluación de su trabajo, que contará como mérito en el caso de que decida optar por una plaza pública. El último es un contrato de investigador distinguido, sin duración definida, para personal investigador nacional o extranjero de prestigio.Todos los grupos políticos que han apoyado la ley han destacado la importancia de acabar con el sistema de becas, aunque algunas organizaciones de investigadores han criticado la norma, al considerar que no acaba con la precariedad y no ofrece un futuro estable para aquellos estudiantes que opten por la carrera investigadora.El texto también promueve la movilidad de los investigadores de distintos centros y universidades a través de la aprobación de excedencias temporales de hasta cinco años de la plaza que ocupa. Asimismo contempla la equiparación de escalas salariales en los siete organismos públicos. Todas se igualarán a las del CSIC, las más altas actualmente.
Cifras
1.364 investigadores que han logrado fondos del programa Ramón y Cajal han conseguido una plaza estable en una entidad pública.500 personas han sido beneficiadas con las ayudas del programa Miguel Servet para el desarrollo de proyectos de I+D en hospitales.