Sábado, 04-07-2009 - Actualizado a las 2:24 h.
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Chacón analiza por qué falla la VPO para rentas medias y el alquiler
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Galicia y Madrid, las regiones que mejor cumplen el plan de vivienda. Plan Estatal de Vivienda - Cinco Días
Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 16/11/2007
Las cifras sobre el grado de cumplimiento de los programas 2005 y 2006 demuestran que no todas las administraciones autonómicas han logrado gestionar los recursos que reciben de la Administración central con la misma celeridad.
Y es que esta variable mide sobre el total de objetivos convenidos entre el Ministerio y los gobiernos regionales (por ejemplo, el número de viviendas a construir o actuaciones de suelo) qué porcentaje de esas iniciativas se han iniciado de manera efectiva.
Los datos a los que ha tenido acceso CincoDías revelan que Galicia, con el 178%, y Madrid, con el 158%, lideran el ranking de las comunidades autónomas con mejores resultados. Les siguen Asturias (152%) y Aragón (149%). Por contra, en el lado opuesto se sitúan Murcia y la Comunidad Valenciana, con los grados de ejecución más modestos, del 73% y 85% respectivamente.
Éstos son los Chacón analiza por qué falla la VPO para rentas medias y el alquiler resultados obtenidos hasta mayo pasado, fecha en la que se cerró el programa de 2006, de forma agregada. Si se analizan las cifras por tipos de ayudas, las conclusiones son todavía más dispares. El caso de Galicia, por ejemplo, es paradigmático.
A pesar de liderar la clasificación absoluta, la comunidad gallega registra unos grados de cumplimiento significativamente bajos en viviendas protegidas de nueva construcción para alquilar, de apenas un 32%, o en las subvenciones a propietarios de casas vacías, con un exiguo 3%. Por contra, ostenta un espectacular 345% de ejecución en las ayudas a inquilinos. Madrid, por su parte, en el análisis por programas destaca en todos ellos por encima de las demás, pero suspende estrepitosamente en materia de ayudas a arrendadores y arrendatarios (el ministerio sostiene que no ha tramitado ni una sola).
Tampoco aprueba en la concesión de subvenciones para comprar viviendas protegidas usadas. En este caso, el equipo de la ministra Chacón admite que los baremos de precios para poder recibir estas ayudas que establece el plan nacional son demasiado bajos, por lo que las familias que residen en las grandes ciudades no se están acogiendo a esta ayuda.
Una de las grandes novedades que introdujo el plan 2005- 2008 fue la creación de la figura de la vivienda protegida de precio concertado para tratar de dar respuesta a las familias que hasta entonces no accedían a la VPO tradicional por sobrepasar el nivel de ingresos exigido y, al mismo tiempo, tenían serias dificultades para adquirir un piso de renta libre.
Así, con el plan actual las familias con ingresos de hasta 45.000 euros anuales (6,5 veces el Iprem, equivalente al salario mínimo) tienen derecho a comprar una de estas casas. La realidad es que esta cifra parece haberse quedado corta, así como las ayudas que reciben los promotores para edificar esta clase de viviendas.
Por ello, el Ministerio ultima la reforma del actual plan, según la cual revisará el nivel máximo de ingresos con el que los hogares de rentas medias podrán tener derecho a la adquisición de una de esas casas y también prevé ampliar las ayudas al promotor. Otro de los déficits del programa cuatrienal, según responsables ministeriales, es la escasa tramitación de ayudas para la compra de pisos protegidos usados. Para remediar esta situación se está barajando subir el precio máximo que tienen que tener los inmuebles para ser considerados como protegidos, así como su antigüedad. Hasta el momento tenían que llevar edificados más de dos años, límite que se bajará a uno.
Cuando se diseñó el actual plan de vivienda, el Gobierno anunció que la gran apuesta de esta iniciativa era el alquiler. De hecho, de los 8.000 millones de euros que prevé movilizar en los cuatro años para financiar 720.000 viviendas, hasta el 45% de los recursos estaba previsto que fuese destinado a promover el arrendamiento.
Con más de la mitad del plan ya ejecutado, las cifras reales de qué iniciativas han recibido financiación para construir viviendas en alquiler o cuántas ayudas a caseros e inquilinos han sido concedidas son bastante descorazonadoras. Tal y como admitió recientemente un alto cargo del ministerio, apenas llegan al 18% de los fondos.
Este panorama explica en buena parte las ayudas aprobadas hace sólo unas semanas para inquilinos y promotores, destinadas a incentivar un mercado que apenas representa en España el 11% del total, cuando en Europa, entre el 30% y el 40% de los hogares residen en régimen de arrendamiento.
Los datos desagregados por comunidades muestran como, por ejemplo, en Extremadura sólo se ha ejecutado el 1,5% de los objetivos convenidos con Vivienda en la construcción de nuevas viviendas protegidas para arrendar. Aragón, sin embargo, llevó a cabo el 259%.
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