Martes, 07-07-2009 - Actualizado a las 3:40 h.
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Ejecuta ocho expropiaciones a propietarios de viviendas vacías
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Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 18/12/2006
Quien pretenda acceder a una vivienda protegida (VPO) en el País Vasco y cumpla con los requisitos sociales y de renta que exige el Gobierno autonómico tiene plenas garantías de poder conseguirlo. Pero quien ya sea titular de una VPO o viva de alquiler en un piso protegido sin cumplir esos mismos requisitos puede estar igual de seguro de que las autoridades acabarán descubriéndole.
Desde hace casi dos años el Departamento de Vivienda ha puesto en marcha un plan de lucha contra el fraude y la especulación en el mercado de VPO que empieza a dar frutos. Un total de 17.182 casas inspeccionadas sobre un parque de más de 45.000; 1.972 casos detectados con indicios de irregularidad y diligencias previas; 138 sanciones impuestas por un valor total de 302.294 euros y ocho viviendas expropiadas es el balance parcial de un operativo que espera tener en 2009 todas y cada una de las VPO de la región completamente fiscalizadas. 'Primero, era necesario conocer cuál es nuestro parque de VPO, cuántas viviendas tenemos, a nombre de quién están y si estaban siendo utilizadas de manera correcta', asegura Javier Burón, director de Planificación del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco.
Por este motivo y gracias al trabajo de campo que realizan desde febrero de 2005 un total de 18 inspectores, en Euskadi se controla cada fase del proceso de producción y adjudicación de los pisos protegidos, algo que no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma.
'Se comprueban las características de las casas, la situación socioeconómica de las unidades familiares titulares del inmueble o de los inquilinos, en el caso de viviendas en alquiler', añade Burón. El proceso es largo porque los inspectores hacen un seguimiento que se prolonga meses. Lo fundamental es averiguar si las viviendas están habitadas y si sus moradores son aquéllos a los que les corresponde serlo. Para ello no sólo comprueban el estado de las persianas o los buzones, sino que también preguntan a los vecinos y solicitan a las compañías los contratos de suministro de servicios (agua, luz, gas o teléfono, entre otros) para verificar los consumos.
Sólo cuando se constata que existen indicios fundados de irregularidades, los inspectores proceden a abrir un proceso sancionador.
A partir de ese momento se da un plazo de 30 días al presunto infractor para retrotraerse a la legalidad. 'En la mayoría de los casos, hemos logrado recomponer la situación, sólo en los más graves se ha llegado al caso extremo, que es la expropiación de la vivienda por mantenerla vacía', admite Javier Burón.
Así, el Gobierno vasco logra controlar el primer acceso y posterior uso de las viviendas protegidas, 'en las que las administraciones gastan mucho dinero y no podemos tolerar el fraude'.
El fomento del mercado de alquiler es otro de los pilares de la política de vivienda vasca. La entidad pública Alokavide actúa de intermediaria entre propietarios e inquilinos. Localiza inmuebles vacíos y se pone en contacto con sus propietarios a quienes ofrece la posibilidad de alquilar su casa por una renta media de 580 euros al mes, lo que equivale al 80% del precio de mercado. Los contratos se firman por cinco años, prorrogables si el propietario así lo desea, y en ellos el Gobierno vasco garantiza que el piso será devuelto en perfectas condiciones.
Mientras tanto, Alokavide contacta con los potenciales inquilinos, quienes según sean sus condiciones económicas, pagarán una renta social de 250 euros mensuales. La diferencia entre lo que cobra el arrendador y lo que paga el arrendatario sale del presupuesto autonómico. 'Cada vivienda nos cuesta una media de 3.000 euros anuales', subraya el director de Planificación del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Burón. Gracias a esta iniciativa, Alokavide ha movilizado más de 3.000 casas vacías, más que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) del Ministerio de Vivienda en todo el país, y espera llegar a las 5.000 en 2009. 'El modelo de la SPA no tiene nada que ver porque ni ha logrado bajar los alquileres, ni supone esfuerzo presupuestario. Es probable que casas que ya estuvieran alquiladas hayan echado a los inquilinos para dársela a la SPA', sostiene Burón.
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