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Diálogo social

El Estado cubrirá todo déficit que genere la rebaja de cuotas sociales

El Gobierno apuntaló ayer la oferta que llevó a la negociación del diálogo social. Garantizó que, si el recorte de 1,5 puntos (4.500 millones) en las cotizaciones que pagan los empresarios genera déficit en las cuentas de la Seguridad Social, el Estado lo cubrirá.

El Estado cubrirá todo déficit que genere la rebaja de cuotas sociales
El Estado cubrirá todo déficit que genere la rebaja de cuotas socialesEFE

La propuesta de Moncloa de rebajar permanentemente 0,5 puntos de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios, más un punto adicional durante 2010, puede animar a la patronal a cerrar el pacto social. Pero tiene un fallo. Los sindicatos no firmarán nada que haga peligrar el equilibrio de las cuentas del sistema. Por eso, ayer a primera hora, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, convocaba a la prensa para asegurar que el recorte propuesto no haría incurrir en déficit al sistema. Y, matizó, "si ocurriera, el Estado garantizaría el equilibrio".

No explicó si mediante déficit o deuda pública, pero en cualquier caso, Granado aseguró que el Gobierno cubriría el "hipotético" desequilibrio presupuestario mediante "garantías suplementarias". Tampoco lo aclara el borrador que el Gobierno presentó el lunes en la negociación del diálogo social, y al que ha tenido acceso CincoDías. En el se cita literalmente que "cualquier déficit en los presupuestos de la Seguridad Social" será "compensado mediante los instrumentos oportunos". La falta de concreción en torno a la articulación del mecanismo hace desconfiar a CC OO, que pide que la medida se desarrolle por escrito. Su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, repitió, no obstante, que tocar los ingresos del sistema corresponde a la Comisión del Pacto de Toledo y que no es al diálogo social. Postura a la que se ha sumado también el Partido Popular en los últimos días. Granado adelantó que la rebaja permanente de medio punto (1.500 millones) en las cotizaciones por contingencias profesionales (accidentes) -que acumulan un excedente de 3.180 millones- podría elevarse hasta 0,6 puntos. Desde Trabajo matizan que se adelanta así la separación de fuentes, dado que esta cifra corresponde al gasto médico que las mutuas costean con cuotas y debería pagarse con tributos.

El recorte de un punto adicional (3.000 millones más) durante 2010, se aplicaría de forma general sobre las cotizaciones por contingencias comunes, lo que según Granado no afectaría al superávit del sistema. æpermil;ste, según sus previsiones, se situará en el 0,3% del PIB (más de 3.000 millones) al cierre de 2009 y disminuirá al 0,2% del PIB a finales del próximo año.Nadie ha aclarado si el anuncio de rebaja de costes en 2010 podría reducir la contratación actual.

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Borrador del acuerdo para el diálogo social

La patronal, que persigue una rebaja de cotizaciones de cinco puntos, no aclaró si le convence la nueva oferta del Gobierno. Elministro de Trabajo, Celestino Corbacho, si remachó por su parte que la rebaja que piden los empresarios es "inasumible" y defendió su argumento señalando que obligaría a "bajar las pensiones". La CEOE, en cualquier caso, reúne esta mañana a su Comité Ejecutivo para discutir cuál será su postura ante el nuevo borrador.

Los técnicos de la CEOE y Cepyme, por el empresariado, y de CCOOy UGT, por los trabajadores, volverán a reunirse esta tarde con el Gobierno para discutir las condiciones del acuerdo. Sin embargo, unos y otros creen que será la cena de esta noche entre sus líderes y Zapatero la que resulte clave para cerrar o descartar el pacto social.

Claves del cuarto borrador

Propone una rebaja permanente de 0,5 puntos en las cotizaciones y de un punto adicional durante el próximo año.Mantiene la oferta de crear una renta para parados sin prestación (420 euros mensuales) durante medio año.Elimina el compromiso impuesto a patronal y sindicatos en documentos anteriores, para que faciliten el uso de cláusulas de libertad salarial.Asegura que el Gobierno aprobará nuevas medidas para atajar la morosidad pública antes de octubre.Liga la inclusión de las ETT en la recolocación de parados al desarrollo de la normativa europea.Avanza que los próximos esfuerzos del Ejecutivo irán dirigidos a incentivar la colaboración público privada, aumentar la inversión en infraestructuras y apostar un modelo de construcción basado en la rehabilitación.Vincula la lucha contra el absentismo a un mayor control sobre las bajas laborales.

Se caen las cláusulas de libertad salarial

Otra de las principales novedades del cuarto borrador que el Gobierno ha entregado a patronal y sindicatos pasa prácticamente desapercibida. Apenas tres líneas diluidas en las 16 páginas del documento. La primera propuesta del Ejecutivo comprometía a patronal y sindicatos a sellar antes de seis meses el pacto salarial -cuya negociación se rompió en marzo- y a renovarlo en 2010. También instaba a "facilitar la aplicación de las llamadas cláusulas de descuelgue", mecanismos por los que las empresas pueden cancelar los incrementos salariales pactados en caso de pasar por dificultades económicas. En cambio, la nueva redacción invita a firmar el acuerdo bipartito pero sin establecer un plazo, ni citar las cláusulas en cuestión. Esta modificación supone un importante retroceso del Gobierno en su intención de reformar la negociación colectiva para ganar en libertad salarial. Algo que fuentes de la negociación achacan a que la negociación bipartita es ámbito exclusivo de patronal y sindicatos. El documento tampoco avanza en la posible inclusión de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en la recolocación de parados. æpermil;sta continúa ligada al desarrollo de la directiva europea, pero evita explicitar si se abrirán a las compañías privadas los sectores que les son vetados, como la construcción o la administración pública. No varía, por su parte, la articulación de la nueva renta dirigida a parados sin prestación. Seguirá ligada a la formación y se mantiene una cuantía de 420 euros mensuales durante medio año, así como la posible ampliación del programa -que no de la prestación- de seis a 12 meses.

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