El Estado central tendrá que pedir prestados 200.000 millones este año

La administración central del Estado deberá devolver este año a los mercados 120.000 millones. La cifra puede no decir mucho, en medio de la vorágine de guarismos repletos de ceros a los que se ha acostumbrado la ciudadanía desde que el estallido de la crisis financiera pusiera en jaque a la economía mundial. Baste decir que esa cantidad equivale a más del 10% del producto interior bruto español, y que supone casi la cuarta parte de la deuda viva que la administración central mantiene en su pasivo.

La cifra es importante, no sólo por su cuantía, sino porque puede servir para explicar el ahínco con el que los mercados financieros están atacando a la deuda soberana española. A fin de cuentas, pese a los fuertes crecimientos de los dos últimos años, el endeudamiento español (49,7% del PIB, al cierre de 2009) se mantiene cerca de 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, y queda muy lejos de los sufridos por potencias continentales como Italia o el Reino Unido. El margen de maniobra parecería, pues, en apariencia suficiente como para descartar el riesgo de impago que indicarían la ampliación del diferencial con el bono alemán o los credit default swaps (coberturas de seguro frente a dicho riesgo), incluso asumiendo que el déficit público siga superando el 10% del PIB este año. Es en este contexto donde cobra importancia el muy concentrado proceso de vencimiento de la deuda viva: los mercados saben que España necesita dinero este año, y se lo van a cobrar caro.

La Dirección General del Tesoro publicó ayer su Estrategia 2010, en la que destaca que las emisiones netas de deuda realizadas descenderán este año un 34,2% respecto al año pasado, para quedar en 76.800 millones de euros. De este modo, el saldo vivo a final de año será de 553.500 millones o el 55% del PIB; unido al del resto de administraciones públicas, dejaría el total en el 65,9% del PIB (unos 660.000 millones de euros).

Según el Tesoro, las emisiones brutas de bonos y préstamos a largo plazo alcanzarán este año los 97.000 millones, lo que, descontando las amortizaciones por 35.400, dejarán la emisión neta en 61.600 millones. Pero el grueso de las amortizaciones pendientes este año no está ahí, sino en las letras del Tesoro, con vencimientos de entre 3 y 18 meses, que suponen 89.000 millones. Economía tendrá que pedir prestados otros tantos, además de 15.200 millones más, que es el aumento del saldo de letras presupuestado para este año. Con todo esto, las cuentas son claras: de cumplirse las previsiones (y el año pasado ya se quedaron cortas en unos 30.000 millones respecto a lo presupuestado en enero), el Estado central pedirá a los mercados cerca de 104.000 millones a corto plazo y otros 97.000 a medio y largo, sumando 201.000 millones de euros, equivalentes al 20% del PIB.

Esas son las cuentas que hacen los mercados y que están castigando a la deuda española en los mercados secundarios. Hasta ahora, las colocaciones no han sufrido demasiado castigo: la última subasta se saldó con rentabilidades que oscilaron entre el 0,39%, en letras a tres meses, y el 4,85%, en las obligaciones a 30 años.

Predominan las obligaciones

Casi el 60% de los 475.000 millones de euros que engrosaban la deuda del Estado central al cierre de 2009 eran obligaciones, mientras que las letras se limitaban al 18% del total y los bonos, al 20%. El vencimiento medio de las obligaciones roza los 10 años, duplicando el vigente hace dos décadas. A su vez, el de los bonos supera por poco los dos años y medio. En cuanto a los tipos de interés medios, obviamente crecen con el plazo, desde el 0,88% de las letras hasta el 4,56% de las obligaciones, pasando por el 3,07% de los bonos.

Todos esos tipos tienen, en todo caso, una característica coincidente y muy positiva: son los más bajos registrados nunca en España, quedando muy por debajo de los valores de un año atrás, cuando azotaba a su máxima potencia el vendaval financiero. Aunque este mismo año se amortizará la cuarta parte de la deuda en circulación, esos tipos históricamente bajos suponen al menos un colchón para moderar el crecimiento del peso del servicio de la deuda en los Presupuestos Generales del Estado. Con todo, la actualización del Programa de Estabilidad enviada por el Gobierno a la Comisión Europea la semana pasada asume que el pago de intereses pasará de suponer el 1,9% del PIB, el año pasado, al 3,1% previsto para 2013.

Pero no sólo la administración central sufre en forma de mayor endeudamiento las consecuencias de la recesión económica. En paralelo a la de aquélla, la deuda de las comunidades autónomas ha crecido desde el 5,7% del PIB en 2007 (el pico del ciclo alcista de la economía) hasta el 7,9% registrado en el tercer trimestre del año pasado. Las cuentas en este caso no son homogéneas: así, la deuda pública de Cataluña en relación a su PIB duplica la media nacional, en tanto que una comunidad como la valenciana explica por sí sola el 20% de la deuda autonómica conjunta.

Una evolución similar se observa en las cuentas de las corporaciones locales, donde en el mismo periodo la deuda viva ha pasado del 2,8% al 3,3% del PIB, e incluso en las empresas públicas, donde se incrementó desde el 2,3% hasta el 4,5% del PIB, superando así a la de los ayuntamientos y otros entes de nivel infraautonómico.

Según las previsiones de Economía, la deuda española viva tocará techo en términos de PIB dentro de dos años (74,3%, el doble que en 2007), para iniciar después una suave línea descendente. Unos niveles que para sí quisieran buena parte de los países avanzados, pero que amenazan con complicar aún más la negativa coyuntura económica española.