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Mercado laboral

España, el país avanzado que más utiliza los contratos temporales

En España hay ya más trabajadores temporales que todos los existentes en Italia, Reino Unido, Bélgica y Suecia juntos. Y es que, por primera vez en la historia, en el segundo trimestre de este año el mercado laboral español ha superado la barrera de los cinco millones de asalariados con contrato temporal.

Esta situación coloca a España como el país industrializado con mayor tasa de temporalidad del mundo, con 33 trabajadores de cada cien con contrato eventual. Una tasa que sólo fue superada en el periodo 1994 y 1995, cuando la economía española se recuperaba de la ultima gran crisis y los empresarios no se atrevían en aquel momento a hacer contratos indefinidos.

Desde entonces, el mercado laboral español, ayudado en parte por la reforma de 1997, que rebajó los costes de los contratos indefinidos, ha ido reduciendo tímidamente la tasa de temporalidad, hasta el entorno del 30%. Si bien en el último año la tendencia al uso de los contratos temporales ha vuelto a dispararse, motivada fundamentalmente por la llegada masiva de inmigrantes al mercado.

En lo que va de año, más de la mitad del empleo creado ha sido temporal, mientras que en 2004 este porcentaje fue del 40% y en 2003, del 27%, según los datos de un estudio elaborado por el sindicato UGT, que hace una radiografía completa del trabajo eventual. Esta tendencia se ha acentuado en el último trimestre, fruto de la regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha aflorado empleo sumergido y lo ha hecho sobre todo a través de contratos temporales. Así, sólo entre abril y junio, el 77% del empleo creado fue temporal, una situación inversa a la que atravesaba el mercado en 1998 cuando el 80% de la ocupación que se generaba era indefinida.

Pero la temporalidad no afecta a todos por igual, sino que tiene un perfil muy definido y afecta más a determinados colectivos, sobre todo las mujeres y los jóvenes. Seis de cada diez trabajadores menores de 30 (el 62%) tiene contrato temporal, porcentaje que se dispara al 79% en los menores de 20 años. También llama la atención el hecho de que uno de cada cuatro asalariados de entre 40 y 49 años es eventual.

La tasa de temporalidad de las mujeres (35,5%) es también superior a la de los hombres (31,6%), si bien es entre la población masculina donde más ha crecido la temporalidad en el último año.

Donde más se ha notado el incremento del empleo de duración determinada ha sido en el sector público, donde uno de cada cuatro trabajadores es ya temporal. La temporalidad en el sector privado es muy superior (35,5%), aunque crece a un ritmo más lento.

Según denuncia UGT en este informe, 'no existen razones económicas que justifiquen este uso abusivo de la contratación temporal' y por ello reclama que las negociaciones sobre la reforma laboral, que se iniciarán en septiembre, se centren en acotar esta utilización abusiva de los contratos eventuales. En principio, el resto de los interlocutores (CC OO, patronal y Gobierno) coinciden en este objetivo, pero los métodos para conseguirlo distan mucho de ser los mismos.

Entre las propuestas de reforma que propone UGT figuran el reforzamiento de la causalidad de los contratos temporales; 'equilibrar más los costes, adoptando medidas eficaces ante el encadenamiento de contratos eventuales'; reforzar las medidas contra la cesión de trabajadores ilegales y regular mejor la subcontratación, así como revisar las bonificaciones de la contratación indefinida que sirven como aliciente para el empleo fijo.

El Gobierno pide una reforma equilibrada

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, admitió ayer que será complicado que los interlocutores sociales logren encontrar el equilibrio entre la reducción de la temporalidad y las rigideces de algunos contratos. Este será el reto de las negociaciones de la reforma laboral que empresarios, sindicatos y el propio Gobierno inicien el próximo 5 de septiembre. Solbes, en declaraciones a Efe, reconoció que el Ejecutivo tiene derecho a legislar si las partes no se ponen de acuerdo en este u otros temas de la reforma, pero insistió en que la experiencia muestra que las reformas aprobadas sin consenso han fracasado.

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