España buscará aliados para bloquear la directiva de ampliación de la semana laboral
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no se rinde ante la ampliación de la jornada laboral a un máximo de 65 horas semanales. El Gobierno español 'va a trabajar' ante el Parlamento Europeo para que se revise la norma de la Comisión, aprobada ayer, aseguró el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
El titular de Trabajo, Celestino Corbacho, ya vio en la noche del martes cómo perdía a sus aliados franceses e italianos en el bloqueo de las modificaciones propuestas desde Reino Unido. Londres consiguió que la UE aprobara una excepción por la que se permite las 65 horas semanales, una reivindicación de algunos países para regular, sobre todo, las guardias médicas.
La propuesta, que tiene que ser refrendada por el Parlamento europeo, faculta al trabajador a negociar, voluntariamente, su jornada laboral.
Corbacho recalcó que la decisión acerca a Europa al siglo XIX. Ayer, la norma recibió más críticas. 'El acuerdo individual entre empresa y trabajador deja a éste en una posición de negociación más débil y prácticamente a merced de la empresa', manifestó UGT en un comunicado. 'Supone un atentado contra la negociación colectiva'.
Los sindicatos europeos calificaron como 'inaceptable' la norma, ya que consagra las excepciones a las 48 horas semanales y no fija ninguna fecha para eliminarlas. 'A partir de ahora, vamos a trabajar con nuestros aliados en el Parlamento Europeo', aseguró el presidente de la confederación sindical en la UE.
Este es el primer tema en el que el Gobierno de Zapatero ha expresado tan claramente una divergencia con la Comisión. La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, tras tachar de 'retrógrada' la propuesta, subrayó que su partido liderará 'un frente democrático' contra la directiva.
PNV, CiU, UPyD e IU se mostraron también en contra de la excepción de las 65 horas. Sólo el PP, a través de José Ignacio Echániz, portavoz de Empleo en el Congreso, se desmarcó de las críticas al acusar al Gobierno de 'confundir a la opinión pública' porque la directiva 'no es obligatoria' y se ciñe a un problema puntual relacionado con el cómputo de las horas de las guardia médicas.