Jueves, 20-11-2008 - Actualizado a las 14:13 h.
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La ley de intermediación financiera irá en breve al Consejo de Estado
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David Vegara, secretario de Estado de Economía. David Vegara, secretario de Estado de Economía. - M. CASAMAYÓN
Violeta Mazo - Madrid - 17/10/2007
Las empresas dedicadas a la intermediación financiera 'deben tener unos estándares altos de calidad' afirmó ayer con rotundidad el secretario de Estado de Economía David Vegara en el Foro Cinco Días patrocinado por Accenture y Banco Madrid. Para ello, recordó que Economía está ultimando la normativa que regulará el sector y que 'en unos días' someterá al dictamen del Consejo de Estado.
Entre las nuevas reglas de juego, el secretario de Estado señaló que los intermediarios financieros -especialistas en conceder los popularizados como créditos rápidos y en refinanciar deuda y reunificar préstamos de terceros- sólo fijarán 'comisiones por servicios efectivamente prestados y no por otros conceptos' y no podrán cobrar cantidad alguna superior a las tarifas que, de manera obligatoria, deben figuren en su publicidad y en los folletos informativos. Ya a comienzos de año, la Asociación Nacional de Intermediarios de Crédito planteó la creación de una tabla orientativa de honorarios y su presidente, Ángel Pérez, consideró que una comisión superior al 5% es abusiva.
Más allá del coste de los servicios, el objetivo general de la nueva regulación es dotar de mayor transparencia la contratación de préstamos hipotecarios y que el consumidor conozca lo que ha contratado. En este sentido, las ofertas que realicen los intermediarios a sus clientes deberán figurar por escrito y tendrán carácter vinculante durante un plazo no inferior a diez días. Además, cada entidad deberá, como mínimo, presentar hasta tres ofertas ajustadas a lo pedido por el cliente para que éste pueda comparar. Si, finalmente, no estuviera conforme con lo contratado, la nueva norma le concede 14 días para desistir.
En palabras de Vegara, gracias a la actividad de los intermediarios financieros los particulares ven 'aumentar su poder de negociación frente a los prestamistas' y, de cara a las empresas, 'ayuda a reducir los costes de búsqueda de financiación'.
Ahora bien, como así insistió el secretario de Estado, todo esto es positivo si se garantiza la protección al consumidor. Se trata así, de que los productos financieros, con independencia de la entidad que los comercialice, estén sometidos a unos requisitos comunes y que las obligaciones que tienen la entidades de crédito se extiendan a otras entidades que también dan crédito, como es el caso de los intermediarios financieros, lo que supone mantener la vigencia de la ley de crédito al consumo.
El embrión del borrador que maneja Economía y que se ha pergeñado conjuntamente con Sanidad y Consumo, surgió en abril. Queda por ver si dará tiempo a que en esta legislatura se realice su tramitación parlamentaria dado que a finales de diciembre se cierran las Cortes y no se reabrirán hasta después de las elecciones. En todo caso, el tema se retomaría después de marzo tras las elecciones.
La Comisión Europea aprobó hace ahora casi un año un plan de acción para reducir en un 25% las cargas burocráticas que soportan las empresas. Según recalcó ayer David Vegara, dicho plan ha sido plenamente suscrito por las autoridades españolas y, en la actualidad, se está trabajando en él para implantarlo entre el año que viene y 2012. El objetivo es doble porque, por un lado, se busca reducir las cargas administrativas impuestas por la UE y, por otro, las cargas administrativas internas de cada Estado. Este plan se une al ya acometido por el Gobierno español para reducir en 20 millones los documentos de las empresas antes de fin de año.
La directiva de servicios que aprobó la Eurocámara en noviembre de 2006 traerá consigo la puesta en marcha de la Ventanilla Única Europea. Es decir, una vez que se logre transponer la norma europea, tarea en la que trabajará el Ministerio de Economía en los próximos meses para aprovechar al máximo esta legislaturas, se podrá crear desde España una empresa apta para establecerse en otro país de la UE. Como Vegara señaló ayer, ahora subsisten muchas barreras que impiden la realización de nuevos proyectos empresariales y la transposición de la directiva supondrá la simplificación de los trámites, pero también traerá consigo un importante refuerzo de los derechos de los usuarios.
'La norma es una oportunidad para las pymes exportadoras' afirmó Vegara, quien recordó que el sector servicios supone el 67% del PIB y el 62% del empleo. No obstante, la incorporación de la directiva no se hará efectiva en todos los países de la UE hasta dentro de varios años.
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