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Del diálogo social de la anterior legislatura queda pendiente por desarrollar un acuerdo: la reforma de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem), una prioridad en la actual mesa de empleo. La CEOE, a través de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), ha propuesto al Gobierno que las empresas de trabajo temporal puedan intermediar en la contratación indefinida de los 2,8 millones de parados (ganando cuota de mercado) y colaborar 'a coste cero' con el Inem.

Las ETT quieren convertirse en 'agencias globales de empleo', explica el presidente de Agett, Francisco Aranda, sin el límite de realizar sólo contratos temporales, si no participando también 'en la casación de oferta y demanda' de todo tipo de contratos. 'Tenemos una base de datos de currículum vitae impresionante. Sólo pedimos que nos dejen jugar', añade Aranda. En la actualidad, los servicios públicos, dependientes de las autonomías, a penas realizan un 10% de intermediación laboral, según informan desde el servicio catalán de empleo.

Comisiones a las empresas

La patronal pide que dentro del diálogo social se regule un marco jurídico que les permita cambiar su estatus, donde el coste de sus servicios repercutirían en las empresas, igual que hasta este momento hacen las ETT.

Pero la propuesta se enfrenta un escollo, el de los sindicatos. Lola Liceras, secretaria de Empleo de CC OO, explica que la prioridad -que todas las partes acordaron en la anterior legislatura- es reformar los servicios públicos para que sean capaces de poner en marcha políticas activas. Si eso se consigue, 'tal vez quede un hueco', se señala desde CC OO, para que las ETT casen oferta y demanda 'dentro de unos requisitos'. Pero para los sindicatos, lo primero es que el Inem sea capaz de ejercer esa función. Pero Aranda cree que el Inem 'está bloqueado' por la labor ingente provocada por el aumento del pago de prestaciones por desempleo.

Desde Trabajo se explica que la decisión final dependerá de la concertación entre patronal y sindicatos. El Ejecutivo ya ha lanzado una iniciativa. Para el Consejo de Ministros del 8 de noviembre, el Gobierno llevaba una propuesta para regular 'la actividad de las empresas de recolocación para facilitar la ocupación a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo'. Una forma limitada de dejar entrar al ánimo de lucro en la intermediación laboral, y que deberá debatirse antes de final de año.