3. Desarrollo de las Leyes de Igualdad y Dependencia
Las políticas sociales se deben completar con una norma sobre financiación sanitaria
Hacer promesas en materia de política social es fácil y muy recurrente. La campaña electoral que acaba de terminar ha sido prolija en esas promesas: el PSOE prometió 300.000 plazas de guarderías, subir las pensiones mínimas y aumentar a cuatro semanas el permiso de paternidad, entre otras. Por su parte, los populares abogaron por aumentar los colegios bilingües, extender la educación gratuita a todos los niños de entre 0 y 3 años; incrementar la pensión de viudedad ...
Todas las promesas fueron muy concretas e iban orientadas a arañar votos, pero los verdaderos desafíos en política social son de mucho mayor calado.
Para empezar, el nuevo Gobierno deberá apuntalar las leyes sociales aprobadas en la anterior legislatura y que apenas se han desarrollado. La que más expectativas creó y, al mismo tiempo, más frustraciones está generando es, sin duda, la ley de atención a las personas dependientes. En 2007 debería haberse atendido a 200.000 grandes dependientes y no han llegado ni a la mitad. En 2008 el calendario de beneficiarios se ampliará en otros 200.000. Esto es un reto evidente, que se aborda con dos importantes carencias: el sistema de copago (la parte que deberá financiar el beneficiario en función de su renta) no ha sido aprobado; y, por otro lado, no se ha establecido el sistema de cualificación que se exigirá a los profesionales que atenderán a los dependientes. De esta forma, cada comunidad decidirá el porcentaje de copago de sus beneficiarios y las exigencias a los profesionales, lo que puede abrir grandes brechas de desigualdad entre regiones. El reto, por tanto, será fijar una mayor coordinación estatal para evitar esas diferencias.
Una de las primeras decisiones del Gobierno nuevo será, según ha anunciado, reunir al Pacto de Toledo, en el que están todas las formaciones parlamentarias, para adoptar nuevas reformas del sistema de pensiones. Será, con toda seguridad, una materia polémica en esta legislatura. A pesar de la buena salud de la Seguridad Social, el constante aumento de las nuevas pensiones y la desaceleración económica, que no se sabe cuánto durará, podrían adelgazar el superávit. Ante esta situación, los partidos deberán plantearse la necesidad de tomar alguna medida más contundente y, como tal, poco popular, orientada a hacer sostenibles las finanzas del sistema a largo plazo.
La economía española tendrá también que afrontar el desafío de aplicar los nuevos derechos y situaciones creadas por la Ley de Igualdad, tales como los permisos de paternidad o el aumento de la presencia femenina en los consejos de administración de las empresas.
En cuanto a la sanidad y la educación, ambas se enfrentan a una consolidación de estas competencias gestionadas desde las comunidades y a una mejora de la coordinación entre el Gobierno central y las regiones en estas dos materias. Uno de los aspectos más polémicos que deberá negociarse será la futura financiación sanitaria, dentro del marco de un nuevo sistema de financiación autonómica, que tenga en cuenta nuevas realidades poblacionales. Las leyes educativas y de formación ocupacional deberán también consolidarse.
Las opiniones
CEOEEs fundamental que se impulse la continuidad de la reducción de las cotizaciones sociales empresariales al sistema de la Seguridad Social, así como al desempleo y Fondo de Garantía Salarial, para ajustar a la recaudación la financiación del gasto social del tramo contributivo. Además, hay que mejorar la gestión de la prestación por incapacidad temporal y el absentismo. En formación, hay que acercar la universidad al desarrollo tecnológico y a la cualificación que requiere la empresa, así como promover la cultura emprendedora.CC OOLa desaceleración de la economía genera mayores gastos en la cobertura de los desempleados, que deberían estar acompañados de más políticas de fomento del empleo. En materia de pensiones son imprescindibles reformas que permitan mantener la cobertura actual con un crecimiento ordenado de las cuantías; garantizando la sostenibilidad financiera. Es también necesaria una mayor coordinación a nivel estatal de la sanidad y la educación (transferidas) para mejorar su eficiencia y garantizar la igualdad.UGTEl gasto sanitario público debe aproximarse, en porcentaje del PIB, al promedio de la UE-15. Es imprescindible la constitución de una mesa de diálogo en la que abordar todos los asuntos del sistema en su conjunto. Además, la educación necesita ser defendida de los constantes amagos de privatización. Hay que velar por la calidad, convertir en realidad la educación de 0 a 3 años e impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Resulta imprescindible aumentar el gasto en educación y dignificar la Formación Profesional.