Delitos fiscales pendientes por 4.000 millones

Los casos de delito fiscal que se acumulan en los tribunales tienen ya una deuda pendiente de cobro de más de 4.000 millones de euros. Son unos 2.500 procesos que involucran unas 8.000 personas en toda España por irregularidades, sobre todo, en el IVA, pero también en el impuesto de sociedades y en el IRPF. Desde que la Agencia Tributaria denuncia ante los órganos jurisdiccionales un caso de delito fiscal hasta que éste se resuelve por los tribunales pasa una media de siete años.

En este tiempo, la deuda con la Hacienda Pública está sin cobrar. Según afirmó ayer el director del servicio jurídico de la Agencia Tributaria, Maximino Linares, la actual regulación del delito fiscal 'no ha funcionado'. Junto a los datos anteriores, puso como ejemplo el hecho de que 'es ahora cuando se están resolviendo la mitad de los casos denunciados en el año 2000'.

Linares, que participó ayer en el XVII Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado que se celebra en Córdoba, denunció la incapacidad del sistema judicial para absorber el volumen de denuncias por delito fiscal que se realiza desde la Agencia Tributaria.

Recuperación de deuda

Una situación que, según destacó, 'favorece a los grandes defraudadores'. En la actualidad, cuando la inspección detecta que un contribuyente ha defraudado más de 120.000 euros debe ponerlo en conocimiento de los jueces para que el asunto se lleve por la vía penal como delito fiscal.

Pero por debajo de esa cifra ya no es delito y al tramitarse en la vía administrativa su resolución y, por tanto, el cobro de la deuda, son más ágiles. De esta forma, los infractores por debajo de los 120.000 euros terminan pagando, en tanto que la recuperación de deuda de las grandes tramas organizadas para defraudar se colapsa en el laberinto judicial. Según los datos que maneja la Agencia Tributaria, el ratio de deuda finalizada respecto de la deuda denunciada ha pasado de un 44,1% en 1999 al 4,6% en 2005 y al 0,8% en 2006.

Linares, en línea con el primer informe que a finales del año pasado publicó el Observatorio del Delito Fiscal, se mostró partidario de acometer reformas en el Código Penal (hay una pendiente) que pongan fin a este colapso, propiciado por el hecho de que cada año se inicien más procesos por delito fiscal de los que se finalizan.

En concreto, se mostró a favor de incrementar las penas hasta los seis años lo que, entre otros, haría que el plazo actual de prescripción de cinco años se elevara hasta los 10. Asimismo, valoró la oportunidad de que antes de llegar a la vía penal, la cantidad defraudada según los cálculos de las inspección adquiriera el carácter de deuda liquidada. Incluso, como así se propuso desde el Observatorio sería idóneo acometer cambios en el propio funcionamiento del IVA, ya que este impuesto acapara entre el 50% y el 55% de los casos de delito fiscal.