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Jaume Viñas - Madrid - 30/01/2008
Pricewaterhouse atribuye el aumento de los procedimientos concursales a los efectos de la turbulenta situación financiera y económica y, por otro lado, a que 'se está culminando el proceso de familiarización con la Ley Concursal de 2004'.
Así, no parece casualidad que las empresas inmobiliarias -uno de los sectores más afectados por la desaceleración- hayan aumentado en un 85% el número de procedimientos concursales. Con todo, suponen sólo el 7% de los 1.015 concursos abiertos en 2007 en España.
Los sectores que más se han acogido a la Ley Concursal son los servicios, la industria y la construcción. Entre los tres, suman el 59% del total de concursos de acreedores.
A pesar del aumento de empresas que recurren a los concursos -el nivel es similar al del año 2002, cuando alcanzó su máximo-, la cifra aún es, en comparación a Europa, muy baja. 'En España sigue existiendo el temor a que se repitan las formas y maneras del pasado, donde lo habitual era vaciar las compañías antes de quebrar y el concurso se convertía en el paso previo a la liquidación', argumentan desde Pricewaterhouse.
La ley de 2004 nació para evitar la suspensión de pagos y la quiebra e instaurar un concurso de acreedores para resolver las situaciones de insolvencia. El fin último era facilitar el reflotamiento de las empresa y, sólo en último extremo, su liquidación.
Sin embargo, para Pricewaterhouse, la aplicación de la ley deja mucho que desear. La consultora no ahorra críticas al sistema instaurado en España: 'La duración y complejidad de los concursos no se están viendo reducidas en la práctica, objetivo primordial de la nueva ley'. Y a pesar de que el número de concursos es bajo, Pricewaterhouse constata que hay juzgados de lo mercantil que se encuentran saturados. 'En este contexto, es difícil que las empresas sobrevivan', concluye la consultora.
La gran mayoría de procedimientos han sido declarados voluntarios, es decir, se han iniciado a instancias de la compañía insolvente. Desde 2004, sólo el 12% de los procedimientos han sido iniciados por los acreedores. Pricewaterhouse lo atribuye a que 'los incentivos legales que contempla la Ley Concursal no convencen a los acreedores'.
Entre las compañías que han recurrido al procedimiento destaca el Fórum Filatélico, intervenida por la Audiencia Nacional por un presunto delito de estafa que dejó a 400.000 personas afectadas. Los activos de Fórum Filatélico en el procedimiento concursal ascienden a 528 millones de euros y los de Afinsa, intervenida por el mismo caso, a 291 millones. Sólo el grupo Llanera, inmobiliaria valenciana, lo supera. Los activos en concurso de Llanera alcanzaron los 593 millones de euros.
Sin embargo, las compañías que entran en concurso son, por lo general, de muy pequeño tamaño. Sólo un 8%, 243 entidades, tenía un tamaño de activos superior a 10 millones de euros. La consultora destaca que durante los últimos tres ejercicios, 1.405 concursos -un 48% del total- tenían un volumen de activo inferior a dos millones de euros.
A lo largo del pasado año, 118 personas recurrieron a los concursos para hacer frente a sus deudas. Lo que supone un 115% más que en el año anterior. Esta situación es relativamente nueva, pues hasta la aprobación de la Ley Concursal en 2004, el embargo era el capítulo final para cualquier persona que era incapaz de hacer frente a sus deudas. En una situación de creciente endeudamiento de las familias -sobre todo aquellas que tienen un hipoteca por pagar- la nueva ley abrió el camino para que los particulares pudieran acogerse, como hacen las empresas, a procesos concursales para poder recuperar su maltrecha economía. Las repercusiones del incremento de los tipos de interés -han subido del 2,25% al 4% en el último año- 'se está haciendo notar en la solvencia de las personas físicas', defienden desde Pricewaterhouse. Con todo, los concursos de particulares representan el 12% del total. En 2006, sólo en el Reino Unido se registraron más de 100.000 concursos de personas físicas.
43% es el porcentaje de concursos que se han iniciado en el Mediterráneo en 2007. Le sigue el norte de España (27%) y la zona central de la península.
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