Correos abona 1,59 millones en indemnizaciones por despido improcedente desde 2004
La sociedad estatal Correos y Telégrafos abonó desde 2004 hasta el cierre del ejercicio 2009 un total de 1,59 millones de euros en concepto de indemnizaciones improcedentes o por contratos en fraude de ley, si bien el Gobierno recalca que en los dos últimos años se ha producido un "apreciable descenso" en los importes destinados a este fin.
Así lo asegura el Ejecutivo al diputado del BNG, Francisco Jorquera, a través de una respuesta parlamentaria, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que explica que la "adecuada valoración" de este dato debe efectuarse desde la perspectiva de la complejidad del empleo en Correos, especialmente de su volumen de contratación eventual anual, que el año pasado giró en torno a los 150.000 contratos.
En este sentido, atribuye estos datos a la "complejidad de la gestión" de las bolsas de empleo de las que se nutre dicha contratación eventual, siempre según orden de prelación de los integrantes de las mismas, que superan las 70.000 personas.
"No es voluntad de la empresa
El Gobierno defiende que la causa de estos despidos declarados improcedentes no obedece a la "libre voluntad de la empresa", sino que en su "práctica totalidad" tienen su origen en la propia "casuística" de la contratación en el ámbito de Correos.
æpermil;sta está condicionada, según el Ejecutivo, por la aplicación del ciclo de empleo, el desarrollo de los procesos de selección sujetos a los "principios de igualdad mérito y capacidad" y por la "peculiar naturaleza" de los contratos a los que hay que acudir para garantizar el servicio.
900.000 euros en multas
Además, los datos remitidos al Congreso revelan que la sociedad tuvo que abonar 905.579 euros en multas entre 2004 y 2009 por motivo de infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo, así como por multas de Inspección de Trabajo.
Así, se destinaron 727.435,15 euros en abonar sanciones por inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, y otros 178,143,91 euros por multas relacionadas con infracciones en materia de protección de datos.